Tras la designación del Fiscal 23 Nacional para judicializar a los productores agrícolas que no logran llevar sus cosechas del campo a la ciudad, el dirigente de Un Nuevo Tiempo en Táchira, José Anaro García reaccionó indicando que el atentado contra la seguridad alimentaria del pueblo lo hace el estado venezolano, al no garantizar el combustible y los agroinsumos fundamentales para poner en funcionamiento las maquinarias agrícolas y los vehículos que permiten llevar las cosechas, desde las unidades de producción, hasta los mercados donde el consumidor pueda adquirirlos.
Por Anggy Polanco/ Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Señaló que comprar semillas, herramientas, alimentos e insumos agrícolas fundamentales para la siembra, crecimiento, floración, cuidado del fruto y recolección, requieren garantía de servicios eléctricos y el suministro de combustible, además de vías agrícolas transitables.
“Hace tiempo que el estado venezolano dejó de garantizar el fluido eléctrico necesario para el ordeño, la cría de pollos y la preservación de los elementos logísticos que permiten laborar eficientemente”, apuntó el dirigente y productor tachirense.
Expuso que los productores del campo intentan sobrevivir, subsisten sin el combustible que se requiere para los tractores, las plantas eléctricas, guadañas, otras maquinarias, además del que se necesita para movilizar del campo a la ciudad el producto del trabajo.
También apuntó que la inversión de las cosechas las hace el productor venezolano que no cuenta con financiamiento para la producción y que debe sortear los obstáculos que representan las deterioradas vías agricolas.
“Esos son los verdaderos elementos que atentan contra el consumidor venezolano, por lo tanto el Fiscal 23 Nacional, debe en primera instancia, basar su investigación en la responsabilidad que tienen los ministros de las carteras correspondientes a energía, petróleo, infraestructura y finanzas”.