Walter Márquez, defensor de los derechos humanos y representante de la Fundación El Amparo, refirió que 8.900 víctimas piden la continuidad de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) y señalan que en Venezuela no hay justicia, pero Maduro de manera insólita pretende incluir en la agenda de negociación de Bogotá la suspensión de la investigación de la CPI.
Por Anggy Polanco / Corresponsalía lapatilla.1eye.us
“Este es un hecho inaudito, reprochable, ya que la investigación de la Corte Penal Internacional es innegociable. El que a nombre personal pretenda abrogarse la representación de las víctimas, no solamente forma parte de una operación de cubrimiento, sino que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, argumentó.
Manifestó que la reanudación de la investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) es inminente, en virtud del informe del fiscal Karim Kam, quien el 30 de marzo manifestó que los crímenes ocurridos en el país ameritan investigación y enjuiciamiento.
Como representante legal de las víctimas y activista de derechos humanos, Márquez rechazó que se pretenda negociar en este aspecto, por lo que exigió la continuidad de las investigaciones.
Con relación a lo sucedido con Juan Guaidó, mencionó que ahora Gustavo Petro deja de ser un mediador para convertirse en el representante de Nicolás Maduro. El propio canciller Leiva pretende justificar la deportación forzosa de la que fue víctima el dirigente opositor, alegando que estaba de manera irregular en Colombia, cuando es un perseguido político y tiene pleno derecho de recibir asilo en ese país.
“Rechazamos la conducta del canciller colombiano, de la propia Migración Colombia y especialmente del presidente Gustavo Petro”, dijo Márquez.
Agregó que en esa cumbre para negociar la democracia venezolana también está ausente María Corina Machado, y el hecho de que se esté intentando decidir quiénes son los representantes de la oposición venezolana, de acuerdo con los intereses de las autoridades de Colombia, es reprochable. Por lo tanto, esa negociación está condenada al fracaso, dijo.