Al llegar a los cargos directivos en esas condiciones, la necesidad de ocuparse de la actividad más rutinaria va envolviendo lentamente a las autoridades, hasta llegar a un punto en el que ya no logran recordar para qué fueron electas, y la gestión rectoral y decanal se convierte muy rápido en una mera actividad formal de firma de papeles (cuando se firman), de envío de oficios (si es que se envían), de cumplimiento de los procesos más básicos sobre el personal y las clases, y tareas de esa naturaleza. En tal ambiente, hasta la limpieza de los inodoros es presentada, en aquellos felices casos en los que efectivamente tiene lugar, como un gran logro, una gesta casi heroica que merecería el reconocimiento de la sociedad y hasta una reelección indefinida. Pero no se me malentienda: está claro que los papeles hay que firmarlos y los retretes hay que limpiarlos. Lo que quiero plantear es que el actual proceso podría convertirse –tenemos el deber de intentarlo- en algo distinto de lo que tradicionalmente han sido las elecciones universitarias, y dar lugar a ciertos consensos fundamentales sobre la reforma de la institución.
En las próximas semanas, los candidatos deberíamos, además de buscar apoyos, hablar abiertamente de las transformaciones que el momento histórico exige en la vida de la universidad. No son temas en los que sea fácil construir consensos, pero el primer paso es establecer la agenda, para que la comunidad se concentre en la discusión acerca de los asuntos de mayor importancia. La forma de establecerla es incorporarla claramente en la campaña, imaginando cambios, concibiéndolos y dándoles fundamento, previendo obstáculos y pensando en cómo superarlos. Considero que algunos acuerdos servirían para iluminar, en los años que vienen, el camino de todos: autoridades, consejos, grupos de estudiantes, sindicatos y gremios de profesores y de empleados. Sin duda, ello haría a la universidad más gobernable, y también permitiría, y no es este un beneficio secundario, fijar posiciones comunes acerca de la reforma de la vigente Ley de Universidades; pero la mayor ganancia es que pasaríamos inmediatamente, de un ambiente de desánimo e inmovilidad, a uno de agitación intelectual, de comparación de diferentes diseños institucionales, de debate real sobre el futuro de la universidad y del país.