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Raul Arboleda / AFP
Las acusaciones contra Gustavo Petro van desde el golpe de Estado a la usurpación de funciones.
Por rt.com
La creación por decreto presidencial de una comisión compuesta por varios ministros colombianos que analizará cuáles personas privadas de libertad podrán salir para ser gestoras de paz ha abierto un fuerte debate en Colombia, entre acusaciones de golpe de Estado y de usurpación de funciones contra Gustavo Petro.
La semana pasada, el mandatario afirmó que para antes de Navidad “centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz“. Este planteamiento ya lo había hecho durante la campaña electoral.
Este decreto contemplaría a 230 jóvenes de la llamada ‘primera línea’ o vanguardia que fueron aprehendidos y procesados durante el ‘estallido social’, una serie de protestas antigubernamentales ocurridas en 2021. Algunos de ellos podrán ser voceros de las gestiones de paz, según Asuntos Legales.
Entre la ola de señalamientos que saltan de una cuenta de Twitter a otra, están los de los senadores del derechista Centro Democrático, anterior partido de Gobierno, que consideran que el mandatario colombiano se extralimitó en sus funciones.
Del lado de quienes conforman la comisión, se ha explicado sobre las atribuciones presidenciales, que no chocan con las de la Justicia, que tiene la última palabra. Además, se ha aclarado que la liberación podrá hacerse efectiva en personas imputado, pero no condenadas.
¿Qué dice el decreto?
El Gobierno de Colombia emitió el decreto 2422 de 2022 en el que se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.
Esta Comisión tiene como principal objetivo “la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros [para gestiones de paz] a ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad”.
Está presidida por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, e integrada por los titulares del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.
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