Hace días la opinión pública caraqueña y a nivel nacional quedó impactada por las imágenes difundidas en redes sociales donde colectivos armados asociados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los cuales tienen invadido el edificio Don Joaquín ubicado entre las esquinas Pelota a Abanicos en la parroquia Altagracia, agredieron de forma brutal y hasta pretendieron quemar a dueños del estacionamiento de dicha edificación quienes buscaban recuperar su propiedad. Vecinos del sector calificaron el hecho como abominable y clamaron imputar a los agresores por los delitos de invasión e intento de homicidio.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, explicó que ante un dantesco suceso como este el Ministerio Público debe actuar con severidad ordenando la aprehensión inmediata de los perpetradores y no protegerlos por el solo hecho de militar en el PSUV y afirmar tener respaldo de altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. “Los mismos colectivos mientras agredían salvajemente a los dueños del estacionamiento decían ser apoyados por el jefe de Gobierno Nahúm Fernández, Tarek William Saab es vital actuar porque aquí estamos presentes no solo ante el delito de invasión sino un intento de homicidio donde los delincuentes golpearon a una menor de edad y le cortaron la cabeza a uno de los dueño. Llegaron al nivel de rociar con gasolina la puerta del inmueble e intentar prenderlos”, dijo.
Rojas recordó que el edificio Don Joaquín tiene ya dos años invadido por colectivos armados, en su momento Johnny Zerpa (hijo de la diputada Carmen Zerpa) encabezó la toma ilegal de inmueble desalojando a todos los propietarios e inquilinos imponiendo un régimen de terror en la edificación donde los colectivos cobran altas sumas de dinero en dólares como alquiler. “En el caso del estacionamiento tomaron el control del mismo administrando todas las ganancias y a los propietarios cuando intentaron mediar con los invasores estos les pidieron ser socios y cobrarles la suma de 1200 dólares mensuales de vacuna para dejarlos trabajar. Aquí la motivación no es la falta de vivienda sino un negocio encubierto con el disfraz de militantes del partido de Gobierno”.
El luchador social emplazó al Ministerio Público a aplicar sin miramientos el artículo 471 de Código Penal, que especifica el delito de invasión con penas de hasta 10 años de prisión. “Es intolerable como en Caracas cientos de inmuebles se encuentran invadidos, luego de años de impunidad la Fiscalía reconoció el delito de invasión en caso de la abuelita periodista a quien le invadieron su apartamento en Altamira. Pero esto debe ser una política no un simple gesto porque muchos propietarios perdieron todo su patrimonio al ser tomados ilegalmente sus inmuebles y el Estado es cómplice por acción u omisión. Le proponemos a Tarek William Saab instalar de emergencia una mesa de diálogo para atender todos estos casos en los cuales incluso están involucrados diputados, concejales y una exalcaldesa de Libertador”, develó.
“Me invadieron mi negocio y trataron de quemarme viva”
A través de videos difundidos por sus redes sociales, una mujer llamada Yolanda Ferreira denunció la invasión de su negocio, en Caracas, exhortó a las autoridades, en especial a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y al fiscal general del Ministerio Público (MP), Tarek William Saab, a tomar cartas en el asunto. “Echaron gasolina en mi negocio, me querían quemar viva y agredieron a mi hija”, son parte de las denuncias de la mujer, quien identificó al presunto invasor como Luis Rovaina, de quien dijo está amparado por Erika Gómez, una ciudadana que afirma tener vínculos con altos funcionarios del chavismo”, aseguró.
El negocio invadido, según la denuncia de Ferreira, se encuentra en un estacionamiento y se llama Parqueadero Don Joaquín S.A; está ubicado en la avenida Urdaneta, esquina Pelota a Abanico, en pleno centro de Caracas. “Erika Gómez dice estar protegida por altos mandos del Gobierno. Esta invasora usa la imagen de Carmen Meléndez para escudarse, ¿o es que acaso usted apoya las invasiones a la propiedad privada y agresiones contra menores?», cuestionó la mujer, visiblemente indignada por la situación”, concluyó.