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Las autoridades migratorias colombianas trabajarán el próximo año en desarrollar nuevos planes y acciones de atención e inclusión, con un marcado enfoque en derechos humanos, de la población migrante venezolana.
Este paso, que se daría gracias a intercambios de experiencias previstos con la organización Amnistía Internacional, marca una nueva etapa en la política pública que el gobierno colombiano tendrá para dar respuesta alrededor de 3 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia y que, en su mayoría, tiene intenciones de quedarse en el país de manera definitiva.
La intención del acuerdo institucional ha sido tratado en el marco de la primera visita a Colombia de la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que inició el pasado fin de semana con reuniones con organizaciones de la sociedad civil, autoridades de diversos niveles de gobierno y el recorrido por el Magdalena Medio, donde escuchó directamente a los ciudadanos y conoció de cerca las complejas realidades de las poblaciones vulnerables y afectadas por el largo conflicto armado.
Entre las principales acciones que se desarrollarán en esta alianza está compartir buenas prácticas en temas de derechos humanos a funcionarios de la institución, con el fin de que se mejore y profundice la nueva etapa de integración de los migrantes venezolanos en Colombia; además, se prevén encuentros para que la ONG internacional ofrezca recomendaciones de mecanismos y tácticas para mejorar las rutas de atención a mujeres migrantes, refugiadas y colombianas retornadas afectadas por violencia basada en género.
De igual forma, trabajarán conjuntamente en definir programas para atender y garantizar los derechos de miles de migrantes que, empujados por la crisis humanitaria compleja de Venezuela, transitan por Colombia para entrar en la inhóspita selva del Darién, donde se exponen al despojo y a la muerte, mientras buscan llegar al norte del Continente.
El objetivo fundamental en este punto será proteger a los migrantes con acciones concretas, como una ruta con atención humanitaria que permita una migración segura y con respeto a los derechos humanos, explicó Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, quien está al frente de la alianza institucional.
En esta visita, la alta funcionaria está acompañada por la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, y un equipo de trabajo que evalúan los temas de derechos humanos de Colombia, los cuales serán conocidos el próximo 1 de diciembre en una conferencia de prensa.
Reconocimiento al trabajo en prevención de violencia de género
Este lunes tuvieron un encuentro con luchadores de derechos promigrantes y líderes de organizaciones no gubernamentales que participan en los programas en prevención de violencia de género que son ejecutados por AI para las migrantes venezolanas y colombianas retornadas, así como a la población LGBTIQ+.
En el 2do Skillshare Integración y Protección a Refugiadas y Migrantes también participaron el director de Migración Colombia, Fernando García Monsalva; el Alto Consejero en Asuntos Migratorios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Iván Gaitán; el Personero de Bogotá, Julián Enrique Pinilla; la Directora Territorial de la Secretaria de Integración de Bogotá, Fanny Gutiérrez; y representantes de ACNUR.
En el encuentro, Callamard exaltó el trabajo que la representación de Amnistía Internacional Venezuela ha desarrollado sobre violencia de género que afecta a mujeres migrantes venezolanas en Colombia, Ecuador y Perú. “La investigación que ha hecho Amnistía Venezuela en Colombia, Perú y Ecuador para entender la violencia contra las mujeres venezolanas y la falta de acceso a la justicia, es muy importante para sacudir la indiferencia de la política pública”, dijo.
Asimismo, recordó que los migrantes, especialmente las mujeres, viven la violencia desde que parten de sus casas y que, en muchas ocasiones, las políticas públicas no están enfocadas en su defensa y protección, sino en empujarles hacia la muerte y las violaciones a sus derechos. “(las migrantes) enfrentan violencia en el tránsito, en las fronteras, en manos de traficantes, en los países de destino al buscar trabajo o vivienda”, explicó Callamard.
Reconoció que las autoridades colombianas “han hecho cosas por los refugiados venezolanos, que muchos otros países no han hecho”, pero recomendó seguir trabajando en detectar las fallas para mejorar y poder ofrecer mayores garantías y derechos a esta población, lo cual traerá avances que finalmente también beneficiarán a los locales.
Una ruta humanitaria para garantizar integridad de migrantes
Por su parte, el Director de Migración Colombia, Fernando García Monsalva, recordó que “los Estados deben garantizar la integridad de los migrantes y refugiados” y que en el caso de la población en movilidad que toma la ruta de la selva del Darién, debe ser atendida con “corredores humanitarios”.
“La idea de los corredores humanitarios no es una medida nueva, que es garantizar la integridad de los migrantes. Es importante la iniciativa de Amnistía Internacional, queremos trabajar con las organizaciones de DDHH”, dijo.
Además, insistió en que “hay una corresponsabilidad en la tragedia venezolana que debe ser respondida articuladamente por los Estados del Continente”.