Un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les hizo frente. Los militares llevaban consigo todo el equipo antimotín, con armamentos en mano y montados en motos. Los manifestantes tenían sus consignas, globos blancos y una sola petición: “Que cesen los atropellos y nos dejen trabajar”.
Por Pableysa Ostos/ Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Así fue como mujeres, hombres y niños tomaron este sábado 29 de octubre las calles de Tumeremo, en el municipio Sifontes al sur del estado Bolívar, para protestar en contra de las operaciones castrenses que se vienen realizando en las zonas mineras.
“La situación no solo es en Tumeremo, es en El Callao, Las Claritas, El Dorado, Guasipati. Los militares suben y bajan. Montan alcabalas y mantienen la militarización en las poblaciones”, destacó un habitante de Tumeremo.
Pero las protestas no han sido solo en Tumeremo. A unos 40 minutos de ahí, específicamente en El Callao, mineros y mineras del sector de Nacupay protestaron en horas de la mañana de este viernes 28 de octubre en rechazo a las operaciones militares. En horas de la tarde se trasladaron hasta la Troncal 10, específicamente a la plaza Las Madamas.
“Nos vimos en la obligación de trancar la vía debido a que somos afectados por la intervención del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en los sectores mineros de donde hemos sido desalojados y no se nos permite el ingreso. Exigimos la presencia de representantes del Gpamo y Dgcim para establecer un diálogo y retornar a la minería artesanal”, denunciaron los afectados.
Pasadas las 11:00 de la noche de este viernes, levantaron la protesta en la Troncal 10, pero este sábado se concentraron nuevamente en Nacupay.
Hora cero
Comerciantes de Tumeremo se pronunciaron ante la militarización que se está desarrollando en la población. “Nuevamente extendemos nuestra preocupación ante la opinión pública del municipio Sifontes, del estado Bolívar y Venezuela toda, ante los hechos que han venido ocurriendo en Tumeremo, tierra de paz, gente buena, alegre y trabajadora”.
“Esta remisiva la escribe un ciudadano más del gremio comercial del municipio Sifontes en nombre de ese sector productivo y pujante que son los emprendedores que cada día ponemos un granito de arena al desarrollo de la patria”, sostuvieron en un comunicado.
Los comerciantes añadieron que “queremos hacer del conocimiento público que ante la militarización, presencia de fuerza bélica en nuestro pueblo, nos hemos visto en la obligación moral de levantar nuestra voz de protesta ante otro atropello más por parte de la FANB, quienes de manera hostil, prepotente y contraria al espíritu de paz de nuestra Constitución, han irrumpido la paz social de nuestro pueblo con la presencia de tanques de guerra, vehículos blindados, aviones de combate, como si fuéramos nosotros un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial”.
“Sin dar detalles, sin dar mayor información, solo irrumpir ante la mirada atónita de madres, padres, ancianos, niños, niñas, gente de bien que solo desea trabajar en paz. Ante esta nueva agresión a la paz de Tumeremo, los comerciantes queremos hacernos partícipes de una manifestación pacífica contra tales hechos, mediante una hora cero, pues se hace imposible seguir adelante en medio de tal panorama incierto y perturbador. Deseamos de todo corazón que la paz reine y Dios nos acompaña”, concluyeron.
Más de 600 funcionarios
Más de 650 efectivos militares del Comando de Zona GNB N° 62 del estado Bolívar “iniciaron el despliegue de seguridad en el municipio Sifontes. En el marco de la Operación Roraima 05-2022, al mando del GB Rafael Hernández Aguirre, Comandante del CZGNB-62 Bolívar, fueron desplegados en la entidad guayanesa con el propósito de conducir operaciones de seguridad ciudadana y orden público en la jurisdicción del municipio Sifontes, que permita fortalecer el sistema de seguridad y resguardo de la ciudadanía”, señaló la cuenta de la GNB.
Mientras que la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar señaló que las operaciones que se están realizando son para “acabar con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas”. Trascendió que al menos 11 personas han sido detenidas por la “destrucción de la reserva forestal”.
Somos legales
Los afectados cuestionan el procedimiento, debido a que “entraron a la mina Sierra Imataca alegando que esta es ilegal”, un argumento sin fundamento, pues todos los equipos que se llevan para las distintas minas tienen que ser comprados obligatoriamente en la Corporación Venezolana de Minería (CVM), donde piden la guía de traslado de esos equipos para las diferentes minas.
“En las alcabalas hay un personal de CVM, que revisa la guía que ellos dan, es decir, su procedencia. No se explica cómo los militares dicen que se está trabajando la minería ilegal cuando la CVM autoriza el traslado de esos equipos para las distintas minas. Entonces es algo contradictorio”, denunciaron afectados.
Ejemplifican que los insumos mineros deben ser comprados obligatoriamente a la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
“Se paga un impuesto para el traslado de estos equipos. Aparte de eso, el minero le paga un plan de arrime a la CVM. Todo va a la CVM en una zona ruta. Es algo ilógico que vengan las fuerzas militares a destruir los equipos que se le han comprado legalmente ante la CVM, la cual es del Estado”.
“No están respetando la integridad de nadie. En Sierra Imataca quemaron hasta la iglesia cristiana, así como la casa del consejo comunal, el cual está legalmente constituido ante el Ministerio de las Comunas. Todo lo quemaron, alegando minería ilegal. Pero si la CVM está dando las guías de movilización y se paga plan de arrime, ellos están avalando esos espacios como legales, así como también al minero”, añadieron.