Colombia investigará crímenes de la fuerza pública cometidos con paramilitares

Colombia investigará crímenes de la fuerza pública cometidos con paramilitares

La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Belkis Izquierdo, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

 

 

 





La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes que abrirá un nuevo caso en el que investigará los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes de Estado en complicidad con paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado colombiano.

“De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios, con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136”, aseguró la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad del alto tribunal, Belkis Izquierdo, en una rueda de prensa.

El Caso 08 será llamado “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, agregó la magistrada.

“A través del caso 08, esta Jurisdicción investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019”, dijo Izquierdo.

En ese sentido, el nuevo caso investigará “todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)”.

CRÍMENES QUE ABORDARÁ EL CASO 08

Según la JEP, hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.

En esa línea, explicó la magistrada, “los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal”.

Estas “dinámicas de guerra” serán integradas en este macrocaso en el que serán abordadas como “una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados”, lo que considera la JEP que facilitará “la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”.

“Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones macro criminales identificados hasta ahora, en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes: crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes, crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares y crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios”, añadió Izquierdo.

CASOS ABIERTOS POR LA JEP

La JEP anunció el 18 de febrero pasado la apertura de tres nuevos macrocasos desde que instauró los 7 primeros en 2019 y entre ellos se encontraba el que investigará un abanico de graves crímenes cometidos por la extinta guerrilla de las FARC durante el conflicto armado.

Los otros dos investigarán los crímenes cometidos por la “fuerza pública en asocio con otros grupos” como los paramilitares, que es el 08, y el caso 09 sobre “crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos”.

También se abrirá próximamente el macrocaso 11, que tratará sobre “la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas en el marco y con motivo del conflicto armado”.

La JEP, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que creó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC; y trabaja de la mano con las víctimas, emite imputaciones a actores grupales y máximos responsables de delitos colectivos que si aportan verdad y reconocen los crímenes se someten a sanciones propias que no incluyen la privación de libertad, pero que si no los reconocen se enfrentan a un proceso judicial que incluye penas de hasta 20 años de prisión.

EFE