Fue en 1972 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la pena capital, tanto a escala estatal como federal, pero en 1976 el mismo tribunal superior la restableció en varios estados. Y en 1988 el gobierno optó por reimplementar la pena de muerte a escala federal.
Por Telemundo 47
Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena capital, los estados donde es legal han ejecutado a 1,544 personas (hasta junio de 2021, las estadísticas más recientes, según la organización Death Penalty Information Center).
Desde 1973, se han exonerado del corredor de la muerte 185 personas (hasta marzo de 2021, las estadísticas más recientes).
Esta semana el foco nacional se centra en la suspensión de la ejecución de la madre mexicoamericana Melissa Lucio, acusada de la muerte de su hija de dos años en 2007.
La mujer fue acusada de matar de una paliza a la niña, pero siempre sostuvo que la menor falleció tras caer por unas escaleras de acceso a su residencia de entonces, en la localidad texana de Harlingen, cerca de la frontera con México. Según la defensa, Lucio dio una confesión coaccionada tras cinco horas de un interrogatorio agresivo sin la presencia de un abogado.
Durante las últimas tres décadas, organizaciones como Innocence Project han arrojado luz sobre cuán peligrosamente falible puede ser el sistema de justicia estadounidense en cuanto a los casos de pena capital, aunque también hay casos en los que se impuso cadena perpetua sin derecho a fianza como resultado de una condena plagada de errores y confesiones coaccionadas. En Nueva York, uno de los casos más notorios es el de los Cinco de Central Park, un grupo de adolescentes negros y latinos entre los 14 y los 16 años, que no se conocían entre sí, acusados de la violación de una mujer blanca en 1989.
Condenas erróneas
Las pruebas de ADN y el escrutinio de las acciones de la policía, los fiscales y los defensores públicos han ayudado a exonerar a 182 personas del corredor de la muerte desde 1972 y, en diciembre de 2020, han dado lugar a más de 2700 exoneraciones en general desde 1989, según estadísticas de Innocence Project.
Texas, donde Melissa Lucio fue condenada a muerte, tiene la tasa de ejecuciones más alta de toda la nación, con 574 desde 1976, según cifras de Death Penalty Information Center. Oklahoma ocupa el segundo lugar con 116, Virginia con 113, Florida con 99 y Missouri con 91.
A escala estatal, la pena capital es menos usual cada año. Amnistía Internacional señala en un informe que, con la abolición de la pena de muerte en Colorado, en marzo de 2020, son ya 22 los estados que han abolido este castigo para todos los delitos, ocho de ellos desde que comenzó el milenio.
De los 28 estados restantes, 10 de ellos —California, Indiana, Kansas, Kentucky, Montana, Nevada, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania y Wyoming— no han llevado a cabo ejecuciones desde hace al menos 10 años. Además, California, Oregón y Pensilvania han dictado moratorias de todas las ejecuciones.
Si bien se han documentado varios casos en los que el gobierno ha ejecutado a personas que, tras una investigación, revisión de evidencia y pruebas de ADN, resultaron ser no culpables de los crímenes de los que fueron imputados; hay algunos que tienden ser más reconocidos por las posibles fallas del sistema penal y un posible sesgo racial.
En otros casos, el gobierno concedió la exoneración tras una revisión más exhaustiva de los casos. Innocence Project enlista algunos en un informe.
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