FOTOGRAFÍA DE CRISTINA CRESPO GARAY
El 2022 parece presentarse como el año en el que España cambiará su relación con la protección animal. A partir del pasado 5 de enero entró en vigor en nuestro país la modificación del régimen jurídico que trae consigo el preámbulo de la Ley de Protección Animal que reconoce a los perros y gatos como «seres vivos dotados de sensibilidad». Esta modificación implica, en la práctica, cambios como que habrá que tener su bienestar en cuenta en caso de separación o divorcio, no podrán ser incluidos en las deudas hipotecarias como pertenencias y se aspira a controlar mejor las poblaciones de animales.
Sin embargo, en plena polémica sobre las macrogranjas y aunque estaba previsto que el primer texto se aprobase en diciembre, la nueva ley aún está varada. Según denuncia PACMA, se encuentra paralizada por diferencias políticas y no ha sido aprobada por Moncloa en el Consejo de Ministros hasta el pasado viernes 18 de febrero. El Gobierno ha incluido en esta última versión algunas modificaciones sobre los animales rurales y de caza. Ahora, deberá pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado, donde podría haber nuevos cambios.
“Hasta ahora, nuestro Código Civil dotaba a los animales con la etiqueta de bienes muebles”, denuncia Helena Arce Surós, veterinaria experta en protección animal. En nuestro entorno, ya habían dejado atrás esta categoría países como Austria en 1986, Alemania en 1990, Suiza en 2003, Bélgica en 2009, Francia en 2015, Portugal en 2017, y también Cataluña en el año 2006.
En España, este cambio se debe a una triple reforma aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre de 2021 y publicada el 16 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se hizo efectiva el pasado 5 de enero al cumplirse los 20 días desde su publicación.
A lo largo del resto del año, se espera la prohibición del sacrificio salvo por motivos médicos, la esterilización obligatoria, el veto de la fauna salvaje en los circos y el fin de la venta de mascotas en las tiendas. Con todos estos cambios, se espera que la ley esté lista para verano y pueda entrar en vigor para el 2023.
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