La migración forzosa conlleva riesgos físicos, psicológicos y legales para quienes se ven obligados a dejar su país. El caso de la comunidad venezolana -convertida en la segunda diáspora más grande del mundo (6.041.690) después de la guerra en Siria- es una prueba a la resiliencia.
Por El Diario
Estados Unidos es el hoy el tercer destino con mayor cantidad de migrantes venezolanos, con 549.256 connacionales. De este universo, (24 %) han sido naturalizados, (52 %) siguen siendo extranjeros y (22,9 %) son nacidos en territorio estadounidense, de acuerdo con el censo estadounidense de 2020.
Esto sin totalizar a los venezolanos que cruzan diariamente las fronteras con México. De acuerdo con datos de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional, entre el año fiscal 2020 y 2022 (octubre, noviembre y diciembre 2021) han entrado al país 114.052.
No está claro cuántos permanecerían detenidos en las cárceles del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o si habrían sido liberado dentro del territorio estadounidense.
Para aquellos que aún no han podido regularizar su estatus migratorio, producto del retraso procesal presente en Estados Unidos, la vida se hace cada vez más pequeña. Esto cuando su documento legal de identidad, como el pasaporte, está vencido.
El entramado político venezolano, en donde no hay representación del régimen de Nicolás Maduro en EE UU (autoridad que emite pasaportes) pero sí existe una sede consular que representa a Juan Guaidó (sin disposición para expedir documento de identidad oficial), supone un desafío para la comunidad venezolana.
Dificultades de la identidad venezolana
La designación de Guaidó como presidente interino de Venezuela y su posterior reconocimiento por parte de la administración de Estados Unidos supone una grave dificultad para los venezolanos que viven en territorio estadounidense en obtener un documento legal de identificación.
Aquellos venezolanos que no cuentan con residencia legal en EE UU -principalmente los solicitantes de asilo- no pueden ni deben salir de dicho territorio hasta que su trámite migratorio termine con la resolución de su caso. Porque esto supondría la discrecionalidad del funcionario migratorio decidir si puede reingresar al país o no.
El limbo legal en el que se encuentran los venezolanos solicitantes de asilo (45.373 personas) impide que con su pasaporte vencido puedan solicitar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) uno nuevo o una prórroga; lo que incide directamente en su cotidianidad: abrir una cuenta bancaria y renovar su licencia de conducir.
Esta población representa al menos 8 % del universo de la comunidad y representa un 15 % de aquellos venezolanos que no tienen estatus permanente.
Llevar a cabo ambos trámites con el pasaporte vencido está sujeto a la interpretación del asesor financiero o funcionario público, según corresponda. Esto sin contar los retrasos en los permisos de trabajo y emisiones de Social Security Number (SNN), la identificación en EE UU que permiten estar legalmente, conseguir un trabajo y acceder al sistema financiero del país.
Valerie Pérez, madre de dos gemelos, vive en California junto a su familia desde diciembre de 2019. Su vida es laboriosa en casa y fuera de ella, para mantener a sus dependientes. Tuvo que esperar un año y medio para recibir su permiso de trabajo y SSN debido a los retrasos por la pandemia y normativas que entraron en curso bajo la administración de Donald Trump.
Una vez recibió su documentación se dispuso a abrir una cuenta bancaria en Chase Bank, un banco grande en el que se disponía abrir una cuenta corriente y otra comercial para facturar sus ingresos como freelancer, pensando que ya había superado los mayores obstáculos de su proceso migratorio. Sin embargo, por no ser residente le solicitaron su pasaporte, el cual se encuentra vencido desde enero de 2021. Automáticamente la descalificaron para la apertura de las cuentas.
Sin cuenta bancaria las oportunidades profesionales se reducen al mínimo, así como las posibilidades de establecer récord crediticio en EE UU. Esto le permitiría alquilar un apartamento, comprarse un carro o una casa.
Algunos venezolanos en situaciones similares le han recomendado buscar bancos locales, mucho más pequeños, para solicitar la apertura de las cuentas; sin embargo, esta nueva limitación la hace sentir frustrada y ansiosa.
Andrés Martínez* tiene 10 años viviendo en Estados Unidos, hace nueve espera por la resolución de su caso de asilo. Mientras tanto, lleva una vida de incertidumbre en el país. Ahora se le suma la dificultad de poder renovar su licencia de conducir porque su pasaporte venezolano tiene más de cinco años vencido y las autoridades restringen la emisión de nuevos documentos cuando se cumple ese lapso de tiempo.
Martínez trabajaba como Uber hasta noviembre de 2021, ganaba alrededor de 5.000 dólares al mes, trabajando ocho horas diarias, seis días a la semana; sin embargo, esta aplicación exige una licencia vigente para poder dar el servicio. Desde hace tres meses su dinámica laboral cambió. “Me siento como si acabara de emigrar, no sé qué voy a hacer ahora que no puedo renovar la licencia “.
Martínez se enteró recientemente que la sede consular de Guaidó está emitiendo un Certificado de Nacionalidad. Hace 17 días lo solicitó, pero no está seguro que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) lo acepte como válido para poder renovar su licencia. “Es la única opción que me queda. Si esto no funciona, tendré que dedicarme a otra cosa, pero mientras tanto, ¿cómo mantengo a mi familia? “se preguntó.
Pérez y Martínez tienen en común la dificultad de no saber cómo poner en orden sus vidas como migrantes con una nacionalidad execrada, que les impide disponer de un documento legal para hacer vida en el nuevo país.
De acuerdo con la representación de Guaidó en Washington, en 2021 se emitieron 6.800 Certificados de Nacionalidad que sirvieron para que 2.335 venezolanos pudieran abrir cuentas o modificar cuentas bancarias; 3.839 personas aplicaron para una emisión de licencia de conducir; 192 pudieron pagar impuestos y obtener ITIN number (número de identificación personal de contribuyentes) y 53 personas accedieron a trámites consulares con un tercer país.