En Venezuela la restricción del acceso a la información es notoria en todos los ámbitos de interés ciudadano, y el sector judicial no es la excepción. Por ello, el trabajo que realizamos en Justicia Venezolana de monitorear la justicia penal militar y llevar casos que involucran a presos políticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es lo que nos permite consolidar la situación y cifras de los castrenses privados de libertad, y reportar que a la fecha hay 190 militares tras las rejas por razones políticas.
Nuestra directora ejecutiva, Lilia Camejo Gutiérrez, refiere que si bien muchos casos de presos políticos militares son llevados con total hermetismo, y a veces se dificulta acceder a los detalles, la actualización de información que venía trabajando la organización desde inicio de año arrojó que de los 252 militares procesados por motivos políticos hasta el momento, 190 son los que se encuentran presos en recintos carcelarios civiles y militares.
Explicó que la ONG además suma otros 10 presos políticos, para un total de 200 detenidos, los cuales –precisó- fueron contabilizados porque forman parte de casos mixtos, es decir, que involucran a civiles y militares pasaron a estar en el registro de Justicia Venezolana. De estos 10 detenidos, tres pertenecen a cuerpos de seguridad del país, a saber dos del CICPC y uno del SEBIN, mientras que siete son civiles.
Sobre la situación de los castrenses en prisión por motivos políticos, Camejo resaltó que sigue siendo alarmante, por cuanto los 11 procesos judiciales activos que incluyen acusados militares –como la Operación David y el caso Cotiza-, todos sufren un severo retardo procesal que afecta los derechos humanos y las garantías procesales de los castrenses.
Denunció que en todas las fases judiciales de los casos de presos políticos militares se impone la práctica ilegal del retardo procesal. Puso de ejemplo la Operación Gedeón, cuya continuación del juicio oral y público fue suspendida la semana pasada, ya que el tribunal no se encontraba dando Despacho. Este proceso judicial que comenzó en octubre de 2020, ya suma más de 200 días sin que haya finalizado, evidenciando la violación de los derechos humanos de los acusados.
Otra irregularidad que sufren los militares privados de libertad por razones políticas y que es rechazada por Justicia Venezolana, es que actualmente hay oficiales recluidos en cárceles comunes. La directora de la ONG cuestionó que oficiales activos permanezcan en recintos penitenciarios comunes, cuando la justicia militar prevé los centros carcelarios en los que deben estar, que no son otros que las cárceles militares.
Camejo lamentó que aunque en reiteradas ocasiones se denuncia y se solicitan mejores condiciones de reclusión para todos los presos políticos militares, así como medidas humanitarias para los oficiales con patologías que deben ser atendidas, o la revisión de los casos de aquellos castrenses que llevan más de 1.000 días bajo regímenes de prisión preventiva, no ha habido pronunciamiento y menos respuesta o justicia de parte de los organismos jurisdiccionales.