Ante el temor de que puedan aplicarles la regla de “carga pública” impulsada por el expresidente Donald Trump, inmigrantes reconocen que rechazan ayudas sociales, como cupones de alimentación, entre otros.
Por El Diario NY
Así lo revela un reciente reporte del Centro de Estudios Migratorios (CMS por siglas en inglés), donde se indica que los inmigrantes prefieren no pedir apoyos por temor a la separación familiar, un estatus migratorio como indocumentados, temor a la detención y a la deportación.
“Un proveedor de servicios relató un caso en el que una madre temía que sus hijos ciudadanos estadounidenses se vieran afectados negativamente en el futuro por haber utilizado cupones de alimentos”, señala el informe como uno de los ejemplo.
Ella es una inmigrante; su esposo murió a causa de COVID-19 y tuvieron dos hijos estadounidenses.
“Cuando solicitó [los cupones de alimentos], realmente no quería hacerlo. Tenía la impresión de que sus hijos también serían penalizados y que tendrían que devolver el apoyo cuando crecieran”, se expone como ejemplo de cómo impacta el temor al castigo. “Como no tiene ningún estatus [migratorio legal], tenía miedo”.
El proveedor de servicios le indicó los requisitos y ella aceptó finalmente a pedir la ayuda, pero todo se complicó.
“Ella dijo que va a recibir una carta del empleador, porque eso es parte de los requisitos. Cuando pidió la carta, la despidieron. Estaba devastada”, contó el promotor del servicio de ayuda. “La llamé y me dijo que no, que no quería que la molestaran. Estaba tan frustrada y devastada, y simplemente lo dejó pasar”.
La política de “carga pública” fue suspendida por el presidente Joe Biden y aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) marca ciertas condicionantes sobre los beneficios migratorios a los que pueden apegarse los inmigrantes, no es tan dura como el programa que la Administración Trump quería implementa, la cual castigaba todo, a través de puntos: edad, estado de salud, uso de ayudas públicas, estados financieros y un largo etcétera.
Aunque muchos inmigrantes viven con el temor, otros lo tomaron como una buena razón para asegurar un estatus migratorio, incluida la ciudadanía, y obtener documentos de identificación para ellos y sus hijos, indica el reporte.
“El estudio encontró que los proveedores de servicios tuvieron que salirse de sus roles habituales para brindar los servicios que necesitaba la comunidad inmigrante”, se indica. “En medio de una crisis de salud pública sin precedentes, por ejemplo, los trabajadores del hospital también estaban ayudando a completar las solicitudes de ciudadanía de los pacientes”.
La mayor parte de los encuestados mostró temor por los beneficios públicos, debido a la información errónea sobre el impacto de esa regla de carga pública, la cual originalmente amenazó con complicar la obtención de ‘green card’.
También sigue habiendo temor por la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los vecindarios locales, aunque la Administración Biden tiene nuevas políticas sobre deportación.
Otro problema fue el idioma, ya que los inmigrantes no hablan inglés o apenas lo entienden, además de que varios hablan lenguas indígenas.
“Las barreras lingüísticas y culturales impidieron que los inmigrantes recopilaran información sobre beneficios y servicios, lo que perpetuó la desinformación”, se indicó.
En octubre pasado, un grupo de 13 fiscales generales estatales republicanos, encabezado por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió a la Corte Suprema escuchar argumentos, para tomar una nueva decisión sobre carga pública. La moción fue aceptada y resurge el peligro de una posible decisión en contra de inmigrantes.