El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero alertó sobre la situación incesante que atraviesan los presos políticos que ya excedieron los tiempos de prisión preventiva que establecen las leyes venezolanas y continúan privados de libertad.
Actualmente en el país hay 245 presos políticos, de los cuales solo 35 han sido condenados por tribunales y 12 de ellos, admitieron hechos obligados por la incertidumbre de la prisión preventiva ilimitada.
“Del total de presos políticos, 210 se encuentran sin condena y muchos ni siquiera han pasado en muchas ocasiones a la audiencia preliminar, por lo que no han tenido ni la oportunidad de defenderse. Más grave aún, 91 ya llevan mas de 3 años bajo prisión preventiva”, precisó.
Por ejemplo, está el caso del militar José Gámez Bustamente, encarcelado desde el año 2015 y del cual se ha denunciado que padece graves problemas de salud, y tiene siete años bajo esta modalidad de tortura psicológica. Así como también el sargento de la Guardia Nacional, Luis Bandres quien cumplió tres años en prisión preventiva el 21 de enero de 2022.
“El artículo 231 de la Código Orgánico Procesal Penal, recientemente reformado, establece un máximo total de 3 años para que las personas se mantengan en prisión preventiva, luego deben ser liberadas y continuar el juicio en libertad ”, recordó Romero
El caso de Emirlendris Benítez, detenida desde el 2018, está en una situación delicada de salud. “Es inocente y ya va para cuatro años casi, privada de su libertad sin condena. Solicitamos su libertad, pero el tribunal primero de juicio en terrorismo simplemente rechazó la solicitud sin justificación” expresó el abogado penalista.
Romero recordó además qué hay más de 9 mil personas que encontrándose excarceladas “están sometidas a medidas de coerción personal, por más de 3 años, es decir, prohibición de salida del país o que tienen que presentarse ante un tribunal desde hace años; esas medidas deben cesar porque así lo estable el Código Orgánico Procesal Penal”.
Alfredo Romero también resaltó que en la reciente publicación del Informe de Represión 2021 de Foro Penal, se contabiliza el fallecimiento de tres presos políticos bajo custodia del Estado.
“Además de haber estado sin juicio, padecieron graves afectaciones de salud que los llevaron a la muerte, como es el caso de Salvador Franco (indígena) que se encontraba en el Rodeo en prisión preventiva. Murió Gabriel Medina, sin juicio ni derecho a la defensa y murió Raúl Isaías Baduel en la misma situación. En total han muerto 11 presos políticos bajo presión preventiva, sin que hayan sido condenados desde el 2014. Esto es muy grave”.
FAMILIARES EXIGEN LIBERTAD
Griselda Sánchez, en nombre del preso político Robert Franco, docente del estado Sucre quien lleva 1 año y un mes privado arbitrariamente de su libertad hizo un llamado a todos los sectores del país a alzar su voz para que liberen a todos estos inocentes.
“Nosotros queremos la libertad de todos los presos políticos y que se haga justicia. Aquí hay una realidad y es qué hay dos profesores que están presos por exigir sus derechos. No es posible que las cárceles de Venezuela estén llenas de personas inocentes”, dijo.
Yuraima Carapaica madre del preso político Marco Garcés Carapaica, detenido desde septiembre de 2020, denunció que su hijo ha sido trasladado en tres oportunidades a diferentes centros de reclusión. “Estuvo en DGCIM y Yare II en condiciones infrahumanas, verificadas por mí. Hago un llamado a la comunidad internacional para que nos ayude. Es difícil vivir esta situación cuando ni siquiera tenemos recursos para mantener a un preso político y trasladarnos a estás cárceles”.
SIN AVANCES
Por otra parte, Alfredo Romero, resaltó la importancia de la próxima visita que harán representantes de la Fiscalía de la Corte Penal internacional al país, que se tiene prevista antes del 16 de abril, ya que sería la primera vez que vendrán a Venezuela bajo una investigación formal.
“En esta oportunidad la Fiscalía sí podría recolectar evidencias, entrevistarse con las víctimas y presos políticos debido a que hay una investigación formal abierta para determinar responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país”.
En este sentido, resaltó que la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI ya no solo es desde las manifestaciones ocurridas en el año 2017 sino desde el año 2014, por decisión de la Corte.
Sobre la extensión de plazo que dio la Fiscalía al Estado venezolano para responder u oponerse a la investigación, Romero aclaró que no se pueden crear falsas expectativas en relación al proceso.
“Es incorrecto decir que el Estado tiene 3 meses para responder por crímenes de lesa humanidad. Lo que hubo fue una extensión mayor para que presenten sus argumentos sobre si se está o no haciendo la investigación genuina, que sabemos esto no ocurre en Venezuela. Hay muchos casos de torturas que no se investigan, por ejemplo”, dijo.
En relación a la evaluación de Venezuela en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alfredo Romero aseguró que lamentablemente el mundo está dividido. “Así como algunos países que intervinieron pidiendo la liberación de presos políticos, como es el caso que sin mencionarlo, claramente se trata del activista Javier Tarazona, y se recomendó poner fin a las detenciones arbitrarias, también están los países que no defienden los derechos humanos, pero forman parte del Consejo de las Naciones Unidas”.
Sin embargo, “se ve por lo menos una gran cantidad de países que observan que la situación de violación de los Derechos Humanos en Venezuela no ha mejorado”, concluyó Romero. /Nota de Prensa