Con el éxodo de venezolanos por la frontera entre Colombia y Venezuela, producto de la crisis humanitaria compleja, y el cierre de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unión, cambió la realidad en el eje fronterizo.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía La Patilla
Decenas de connacionales han sido obligados a formar parte de las filas de grupos armados y estar inmersos en actividades de bandas criminales en la zona de El Catatumbo y la ciudad de Cúcuta.
Enrique Pertuz, presidente de la Red Departamental de Derechos Humanos en Norte de Santander, señala que “en esta región se concentra el 98% del conflicto armado de la entidad, por lo que allí estas estructuras aprovechan la vulnerabilidad de los ciudadanos para obligarlos a trabajar con ellos en actividades ilícitas como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, entre otros”.
Expresó que algunos lo han hecho de forma voluntaria, siendo estas personas quienes forman parte de la mano de obra de los cultivos ilícitos de la hoja de coca que es sembrada en la subregión del Catatumbo.
Para Pertuz es preocupante la situación, ya que no avizora ninguna propuesta de solución por parte de las autoridades venezolanas y colombianas para frenar esta situación en el área de frontera.
Empujados por la crisis
Para la directora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el estado Táchira, Ana María Rondón, el reclutamiento de personas se aceleró con la migración, pues los connacionales perciben una suma de dinero superior a la que podrían recibir en un empleo de la administración pública.
“El ingreso aumentó con la llegada de la pandemia del Covid-19, pues por el virus se decretó un confinamiento radical que originó que lo único con lo que se podía comercializar eran víveres y medicinas en la economía informal”, puntualizó.
Esto obligó a que ciudadanos del interior del país se desplazaran hacia la región en búsqueda de oportunidades en el eje fronterizo, siendo los pasos ilegales uno de los puntos donde los grupos irregulares se disputan a sus víctimas.
Aunque no se tiene un número oficial de cuántas personas se han incorporado a estas bandas criminales, organismos de seguridad en Colombia han podido determinar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), Autodefensas Gaitanistas de Colombia conocidas como el Clan del Golfo, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los grupos delictivos que convergen en la zona.
“Muchos prefieren aprovechar el costo y beneficio de pertenecer a estas organizaciones, ya que obtienen armas de fuego, dan órdenes, mantienen un control en las trochas y otras zonas”, señaló.
En las zonas donde se estarían captando migrantes para involucrarlos en actividades ilícitas, sería principalmente en los municipios fronterizos con Táchira, como Bolívar, Pedro María Ureña, García de Hevia, Rafael Urdaneta. Sin embargo, han ampliado su radio de acción y “los grupos irregulares en forma paulatina han venido tomando más espacios, otros municipios de la entidad como Panamericano, Ayacucho”, indicó Rondón.
La edad no tiene límites para estas organizaciones delincuenciales, donde menores de edad estarían ingresando a estos grupos armados para delinquir, abandonando sus estudios y hasta sus hogares, precisó la directora del OVV.
“Hemos tenido información que adolescentes que estarían usando el nombre del Tren de Aragua para generar zozobra y así poder obtener un beneficio, sin realmente pertenecer a esta banda criminal”, acotó.
La Directora del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira aseveró que cada vez más estos grupos avanzan a ejercer funciones del Estado, como mantener el orden público o prestar servicios públicos, todo a través de la violencia que es ejercida en diversos sectores.
Afirma que la mayoría de homicidios que han venido ocurriendo en la región se atribuyen a estas bandas. “Esto representa una fractura en los patrones de convivencia, donde vemos que puestos de trabajo formales son abandonados por las personas que buscan pertenecer a estas organizaciones que no ofrecen ninguna opción de desarrollo a cambio de más dinero”, agregó.
Educación intervenida
El coordinador de investigación de FundaRedes, Edixon Figueroa, destaca que por años esta organización ha denunciado el accionar en los estados fronterizos de los grupos armados irregulares, los cuales a diario se han aprovechado de la vulnerabilidad de las personas, producto de la emergencia humanitaria compleja, para captarlas y reclutarlas en el territorio fronterizo.
El Estado venezolano, al abandonar su responsabilidad de garantizar educación de calidad, seguridad y protección en la frontera, dejó en manos de estas bandas criminales parte del proceso educativo. Por ende, ocurre la penetración ideológica, relación laboral y de dependencia en docentes, niños, niñas y adolescentes con estas agrupaciones guerrilleras.
“La falta de recursos en las familias es una situación idónea para que los irregulares ofrezcan insumos, ayudas y otro tipo de beneficios que el gobierno dejó de proveer, y que ahora son suministradas por ellos, quienes, además, se encargan de intimidar, desaparecer personas y hostigar”, expresó Figueroa.
Más de 5.000 niños venezolanos dejaron sus aulas en las poblaciones fronterizas venezolanas, para ir a estudiar a Colombia, donde les ofrecen mejores condiciones. Buena parte de estos deben cruzar a diario pasos ilegales, exponiéndose a numerosos riesgos, entre otros, al reclutamiento o agresiones por parte de los grupos armados irregulares que manejan el territorio, explica el representante de Fundaredes.
En la entidad, la deserción escolar que supera el 20%, se agravó con la pandemia por Covid-19 cuando muchos adolescentes tuvieron que dedicarse a actividades informales, para poder ayudar a sus familias a cubrir las necesidades básicas.
“En los municipios de frontera y otros hacia donde se ha extendido la acción de los grupos armados irregulares, la guerrilla del ELN sustituye la gestión oficial, entregando útiles escolares e implementos deportivos a alumnos e instituciones”, acotó.
Todo esto es parte del plan de control de territorios y adoctrinamiento desplegado por estas organizaciones armadas para el reclutamiento de niños y jóvenes que posteriormente son incorporados a sus filas. Figueroa advirtió que la guerrilla tiene censada a la población que hace vida en las instituciones educativas de la frontera.
Sin escape
El defensor de derechos humanos, Jesús Berro, mencionó que el eje fronterizo no es la única zona donde hay captación de personas por parte de los grupos generadores de violencia, pues en la zona sur del estado Táchira, convergen la subversión colombiana (paracos y elenos) con la venezolana (Frente Bolivariano de Liberación Nacional), quienes reclutan a personas, desde niños, adolescentes y adultos, para formar filas de estos grupos de delincuencia organizada.
“Allí adoctrinan y adiestran en colegiaturas de infantes en esos espacios geográficos a través de presencias físicas en los planteles, y a la población en general por conducto de emisoras radiales, cuyas ondas hertzianas producen en Colombia, traspasando el espectro venezolano con la complacencia del Estado”, apuntó.
Por otro lado, la integrante de Transparencia Venezuela, Beatriz Salas, informó que una modalidad que ha venido creciendo en el área fronteriza es captar a mujeres venezolanas en estado de gestación, a quienes les ofrecen altas sumas de dinero a cambio de su bebé.
“Ellas son llevadas a Colombia donde dan a luz y luego le quitan al infante para luego trasladarlo hacia Europa”, aseveró.
El monto que presuntamente estarían pagando es de más de 14 mil euros por niño. Reclutan a aquellas que cruzan por las más de 200 trochas existentes en la frontera con Colombia.