La crisis transversal del sistema educativo venezolano que durante los últimos años ha revelado FundaRedes se acrecentó de manera exponencial a partir de la pandemia por la COVID-19, cuyos efectos devastadores impactaron la educación en todos sus niveles. La Emergencia Humanitaria Compleja sumada al colapso generalizado en los servicios públicos incide negativamente en el funcionamiento delas instituciones educativas, la asistencia a las aulas y el rendimiento escolar, situación que es aprovechada por los grupos armados irregulares para afianzar su penetración en las comunidades rurales de los estados fronterizos de Venezuela.
FundaRedes obtuvo testimonios en diversas comunidades rurales donde las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y una agrupación armada de origen venezolano denominada Colectivo de Pueblo Fronterizo han asumido el papel del Estado ofreciendo “seguridad”, imponiendo normas, un sistema de justicia propio e incluso aportando insumos y mejoras al sector educativo.
En San Vicente de La Revancha –municipio Junín del estado Táchira– maestros y estudiantes son testigos de la presencia permanente de la guerrilla en el entorno escolar, según denunciaron a FundaRedes. “Han suministrado útiles escolares, artículos de limpieza, implementos deportivos a las escuelas y bolsas de comida parecidas a las que entrega el gobierno con el CLAP; además es preocupante que tienen censos de todos los alumnos de las escuelas”, dijo una fuente que prefirió mantener en reserva su identidad por temor y cuya denuncia está en poder de nuestra organización.
En Vega de La Pipa, también en el estado Táchira, docentes y estudiantes viven con temor, pues conviven con la guerrilla a la que no se atreven ni siquiera a llamar por su nombre. “Ellos están al tanto de todo, andan por todas partes reclutando jóvenes, les regalan motos para que sean sus informantes y hay hostigamiento… Hay casos de jóvenes que han desaparecido y no se han visto más en la comunidad”, aseguró un docente de la comunidad.
A ello hay que agregar la desatención del Estado a estos graves problemas en la zona fronteriza y su despreocupación por la calidad de la educación, sumado a la desmotivación de los educadores debido a los bajos salarios y el deterioro generalizado en las condiciones y ambiente de trabajo.
En medio de la pandemia, el Estado impuso clases virtuales en todos los niveles de la educación, lo que dejó en mayor evidencia las profundas desigualdades entre los habitantes de la frontera venezolana y el resto del país. La dinámica de enseñanza pasó a depender de la conexión a internet y la posibilidad de contar con equipo de tecnología adecuado.
La escasez de recursos económicos, el deficiente acceso a internet y la falta de equipos para conexiones online afectaron a estudiantes y docentes. Además, contar con servicio irregular de energía eléctrica fue un elemento decisivo en un país que sufre desde hace varios años una aguda crisis en el sector eléctrico. Los problemas de transporte y escasez de agua, que desde hace tiempo han incidido en la inasistencia de estudiantes, dejaron de ser un obstáculo debido a la suspensión de clases presenciales, pero fueron sustituidos por los cortes de luz que afectaron la participación de muchos en las clases virtuales.
El aspecto ideológico sigue siendo un factor determinante, pues quienes hoy ostentan el poder en Venezuela insisten en incorporar en la educación la enseñanza del Estado Comunal, trastocar la historia nacional y sustituir elementos culturales fundamentales para el fortalecimiento de los valores democráticos.
ESTUDIAR EN MEDIO DE LA EMERGENCIA
Gran parte de los habitantes de frontera no tienen acceso al sistema educativo por falta de recursos económicos de sus familias. El inicio del nuevo año escolar de manera presencial causa intranquilidad en padres, madres y representantes, pues eso implica la adquisición de útiles escolares y del uniforme, que juntos suman montos superiores a los 100 bolívares, dinero con el cual la mayoría no cuenta.
En estados como Amazonas no están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales en todas las comunidades indígenas. La carencia de telecomunicaciones, la falta de información y transporte son algunas de las complicaciones en sectores del municipio Atures y otros.
En Zulia, la infraestructura de escuelas en sectores como La Punta, Bella Vista I, Bella Vista II y Marichen II, ubicadas en el municipio Guajira, está en condiciones tan deplorables que no tienen techo y está a merced del hampa.
Las instalaciones de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, están rodeadas de maleza y basura, tienen filtraciones y falta de dotación de equipos eléctricos. La situación es común en muchas instituciones de este estado fronterizo con Colombia. El techo del Liceo Nacional Ramón Fernández Belardi, en el municipio Seboruco, se desplomó a pocos días del inicio del año escolar.
En Falcón la falta de maestros, la violencia camino a las escuelas y los cortes constantes de luz y agua en las aulas afectan severamente la posibilidad de recibir educación.
MIGRACIÓN ESCOLAR
Los jóvenes están dejando de asistir a clases para buscar trabajos que les permitan un sustento debido a la crisis económica en Venezuela, lo que los convierte en presas fáciles para ser captados por bandas criminales y grupos armados irregulares con fines ilegales y delictivos.
En Táchira el año escolar del primer año de pandemia finalizó con una deserción estudiantil superior a 20%, en algunos casos aunque abandonan la escolaridad en Venezuela asisten a clases en Colombia para lo cual cruzan las trochas que unen a ambos países. Las vías formales permanecieron cerradas todo el período anterior y los pasos irregulares son controlados por grupos armados. Más de 5.000 niños exponen sus vidas al pasar por estas trochas plagadas de muerte y desolación.
Los maestros mantienen una pelea permanente con el Ministerio de Educación por mejores salarios, pues son los peor pagados del mundo y, por ende, no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria, vivienda, vestido, calzado, medicamentos, entre otros gastos, constituyendo esto una de las principales razones de deserción para el profesorado, pues 60% de la plantilla de educadores renunció a sus cargos. Los docentes forman parte del sector laboral que más emigra de Venezuela.
Los bajos sueldos de docentes y administrativos, desde los niveles de la educación preescolar hasta los mayores grados de educación universitaria constituyen una nueva forma de esclavitud moderna, según la percepción de docentes que se ven forzados a trabajar por unos pocos dólares al mes, aproximadamente $3 dependiendo de la fluctuación de la tasa de cambio. Venezuela tiene uno de los salarios más bajos del mundo.
En los municipios de frontera y otros hacia donde se ha extendido la acción de los grupos armados irregulares la guerrilla del ELN sustituye la gestión oficial, entregando útiles escolares e implementos deportivos a alumnos e instituciones. Todo ello es parte del plan de control de territorios y adoctrinamiento desplegado por estas organizaciones armadas para el reclutamiento de niños y jóvenes que posteriormente son incorporados a sus filas.
Las precariedades económicas y la migración inciden en la deserción escolar, explicó Gladys Chacón, quien preside el Colegio de Profesores del estado Táchira: “Cada vez más familias tienen limitado acceso a los alimentos y las deficiencias que ha mostrado el programa de alimentación escolar han contribuido a que muchos niños dejen de lado las labores académicas para desempeñar trabajos informales que les permitan aportar algo al ingreso familiar”.
En Amazonas la deserción escolar es un factor común entre estudiantes y maestros que prefieren irse a las minas o migrar a Colombia, Brasil u otros países de Suramérica para garantizar el sustento de sus familias aun poniendo en riesgo sus vidas. En medio de este escenario, guerrillas y “sindicatos” reclutan a estudiantes y maestros para las redes de la explotación y esclavitud.
Para Yaritza Viña, secretaria general nacional de la Federación de Profesionales de la Docencia-Colegio de Profesores, la caída de la matrícula en escuelas por la deserción escolar liquida la posibilidad de ascenso y desarrollo social del venezolano.
DENUNCIAS CON BASE
Recientemente, FundaRedes presentó su Informe sobre el sector educativo correspondiente al año 2021, elaborado por el Observatorio de Educación de la organización con el apoyo de la red de activistas en todo el país. Allí se revelan datos suministrados por los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y deja en evidencia las falencias que a nivel estructural, académico y socio-económico afectan la educación venezolana.
Las conclusiones y recomendaciones fueron presentadas el 13 de octubre de 2021 ante la Defensoría del Pueblo para exigir protección del Estado a los niños y adolescentes venezolanos en edad escolar. También se consignó el documento ante la Zona Educativa Táchira, extensivo al Ministerio de Educación para pedir mejoras en las condiciones de maestros, administrativos y estudiantes.
Desde el año 2009 FundaRedes ha documentado y denunciado la penetración de los grupos armados irregulares de origen colombiano en instituciones educativas venezolanas de la frontera con Colombia y ha obtenido elementos probatorios de esa actuación que ha entregado a instancias como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescente para solicitar que sean resguardados los derechos de los alumnos expuestos a los mensajes de ideologización, violencia e intimidación por parte de la guerrilla en los municipios fronterizos. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta ni se han activado medidas para evitar que esa situación continúe.Desde ese entonces, nuestra organización ha dado acompañamiento a docentes, padres y comunidades afectadas por esta peligrosa presencia y ha expuesto el caso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Estado venezolano, al abandonar su responsabilidad de garantizar una educación de calidad y la seguridad y protección de la frontera deja en manos de los grupos armados irregulares parte del proceso educativo, por ende permite la penetración ideológica, relación laboral y de dependencia en docentes, niños, niñas y adolescentes con estas agrupaciones guerrilleras.
Con ello, incumple el mandato constitucional que define a la educación como uno de los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado, tal como lo establece en sus principios fundamentales el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual también señala en su artículo 102 que el Estado asumirá la educación como función indeclinable y de máximo interés, siendo un servicio público, orientado a la consolidación de una sociedad democrática y desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad.
Además, esa inacción atenta contra lo establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.