Para las personas diagnosticadas con VIH, padecer esta enfermedad se traduce en un viacrucis. La falta de medicamentos antirretrovirales, la escasez de reactivos para exámenes en el sistema de salud pública y la discriminación complican la atención de más de 3.700 pacientes registrados con VIH en Carabobo.
Por Corresponsalía lapatilla.1eye.us
De acuerdo a las cifras de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), entre enero y octubre de 2021 fallecieron 123 personas con VIH en Carabobo, la mayoría por complicaciones asociadas al Sida, diagnóstico tardío y falta de tratamiento para enfermedades oportunistas.
El activista de Mavid, Alfredo Mendieta, explicó que cuando a una persona se le diagnostica la enfermedad en etapa tardía o abandona el tratamiento, empieza a asociar morbilidades a la etapa de Sida.
Puntualizó que una de las comorbilidades más frecuentes en los pacientes es la toxoplasmosis. Señaló que el servicio de Malariología de Carabobo suministraba la “pirimetamina”, uno de los medicamentos para tratar la toxoplasmosis, pero aseguró que desde hace unos meses no se encuentra disponible en los servicios de atención de la red pública.
“Quiere decir que muchas de estas personas deben recurrir a familiares que tienen en el extranjero para poder comprar este medicamento y muchas, lamentablemente, fallecen por falta de medicamentos para tratar estas infecciones”, sostuvo Mendieta.
Una de las razones por las que el VIH se diagnostica de forma tardía es que en los laboratorios públicos no hay reactivos para la detección de nuevos casos de VIH. El precio de esta prueba en los laboratorios privados es de tres dólares aproximadamente.
A esto se le suma que el acceso a las pruebas de carga viral, que sirven para evaluar si el paciente está respondiendo de manera efectiva al tratamiento, está limitado. La razón: tampoco hay reactivos para realizar estos exámenes.
“Desde hace más de cuatro años no existe en el sistema de salud pública estos exámenes. Las personas con VIH deben realizarse estos exámenes en centros de salud privados a un costo entre 50 y 60 dólares los exámenes de CD4, y casi 100 dólares o más, el examen de carga viral para saber si el medicamento está funcionando realmente”, manifestó el activista de Mavid.
Agregó que en la fundación Mavid cuentan con estos reactivos para realizar exámenes gratuitos, gracias a la cooperación de organismos internacionales.
En Carabobo, al menos, el 85% de los laboratorios de la red pública están inoperativos, según indicó el presidente del Colegio de Bioanalistas en la entidad, César Sánchez. Equipos obsoletos, falta de reactivos, insumos y déficit de personal es la realidad de los laboratorios públicos.
Sánchez señaló que pese a que los laboratorios del sistema público de salud se mantienen abiertos, solo ofrecen exámenes básicos como de orina y heces. El resto de los estudios tienen que ser realizados en centros privados.
“El paciente no solo necesita esos dos o tres exámenes que puede hacer ese laboratorio, necesita toda la batería de exámenes que requiere el paciente en ese momento. Es decir, las baterías de las químicas clínicas, como glicemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, pruebas hormonales, tiroideas, bacteriología, hematología, coagulación, son una serie de pruebas que la mayor parte de los laboratorios no está prestando”, precisó.
Aumentan casos en embarazadas
La activista de Mavid en el capítulo de mujeres embarazadas con VIH, niños, niñas y adolescentes, Heidi Fernández, destacó que el incremento de mujeres embarazadas con VIH en Carabobo alcanza el 50% comparado con el año 2020.
Detalló que en lo que va de año, registran 65 mujeres embarazadas con VIH, de las cuales 44 son nuevo diagnóstico. Además, indicó que han contabilizado 10 nuevos casos en niños con edades comprendidas entre dos y ocho años.
Por otra parte, precisó que han fallecido cinco bebés recién nacidos expuestos a esta condición y dos madres que no estaban en el programa. “Hay muchas muchachas que son diagnosticadas postparto, que fueron embarazos no controlados y que las muchachas en ningún momento se realizaron una serología tanto de VIH como de VDRL”, expresó.
Mendieta recordó que fue hace más de cinco años cuando el régimen de Nicolás Maduro adquirió el último lote de medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH. Los pacientes que reciben tratamiento actualmente es gracias a las donaciones del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, y ONU Sida.
Aproximadamente 80% de los pacientes censados cuentan con el tratamiento, pero 20% es multiresistente al TLD, el único medicamento que se encuentra disponible.
“La vida de las personas con VIH en Venezuela dependen exclusivamente de la cooperación internacional, gracias a la gestión de las organizaciones nacionales e internacionales y los organismos de cooperación internacionales. Así es que se ha garantizado los medicamentos en Venezuela (…) Una persona multiresistente en Venezuela no tiene una variedad de esquemas para poder optar y poder salvar su salud”, afirmó.
El Estado no responde
El secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, denunció que el Estado venezolano no cumple con sus compromisos del Plan Maestro, un acuerdo elaborado en 2018 por el Ministerio de Salud, OPS, ONUSida, Sociedad Venezolana de Infectología y la Red Venezolana de Gente Positiva para dar respuesta a las epidemias de malaria, VIH y tuberculosis en Venezuela durante los próximos tres años.
Franco explicó que el Estado debería garantizar la distribución de los medicamentos antirretrovirales en las farmacias a escala nacional, pero esto ha quedado en el olvido. “Eso no se está cumpliendo, los traslados los está haciendo OPS, Onusida y Unicef”, puntualizó.
Detalló que pese a que no hay estadísticas oficiales epidemiológicas, desde la Red Venezolana de Gente Positiva contabilizan unos 263 fallecidos con VIH en el país entre enero y junio de este año.
Discriminación latente
Las personas con VIH no solo enfrentan la falta de medicamentos y dificultad para acceder a los exámenes requeridos, sino que también deben lidiar con la discriminación en los centros de salud y lugares de trabajo.
Alfredo Mendieta, activista de Mavid, denunció que los pacientes son discriminados en los hospitales al momento de realizarse una intervención quirúrgica. “Aún se exige el kit de bioseguridad para poder operar a las personas con VIH, pese a la resolución ministerial del año 2015 que prohíbe el uso, donde explica claramente que las medidas universales de bioseguridad son suficientes para poder atender a cualquier persona, indistintamente de su estado serológico”, acotó.
Detalló que han registrado casos de discriminación en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) en Valencia; Hospital Dr. Rafael González Plaza y Hospital Universitario Ángel Larralde -Hospital Carabobo-, ambos ubicados en el municipio Naguanagua; consultas de infectología del Hospital Prince Lara, Puerto Cabello; y en el Hospital Miguel Malpica de Guacara.
Pero la discriminación no solo está presente en los centros de salud, sino también en el ambiente laboral. Eduardo Franco indicó que en el pasado mes de agosto que en el primer semestre del año contabilizaron seis casos de discriminación en diferentes empresas de la entidad.
Denunció que les hicieron exámenes sin autorización y al ver que se trataba de personas seropositivas, les pidieron la renuncia. “No tienen el consentimiento de las personas para hacer ese examen de VIH y los laboratorios se están prestando para eso y es un delito”, aseguró.
Las estadísticas de Mavid revelaron que entre enero y octubre de este año se registró un promedio de 35 a 40 nuevos casos de personas con VIH, lo que se traduce en un aumento superior a 40% de nuevas infecciones con respecto a las estadísticas de 2020.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que haga las compras de los medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH en Venezuela, enfermedades oportunistas y garantice una atención digna”, enfatizó Franco.