Las invasiones a fincas, terrenos baldíos o edificios a medio construir, siguen creciendo en el estado Lara, a tal punto que ya ni siquiera respetan aquellos espacios que por regulaciones de ley, no son aptos para ser habitados. En algunos casos, se trata de grupos de personas o vándalos que asumen la ocupación ilegal de terrenos o edificaciones como un negocio.
Corresponsalía La Patilla
En un trabajo de campo realizado por La Patilla en los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara, una de las razones por las cuales se invaden terrenos en estas localidades se centra en la necesidad de la gente de tener un lugar donde vivir.
Esta práctica que vulnera el derecho a la propiedad privada, se ha venido desarrollando en los últimos 20 años en todo el territorio nacional, ante la actitud complaciente de las autoridades, causando daños incuantificables a bienes privados y al patrimonio público.
Muchos venezolanos al no contar con techo propio y ante la ausencia de respuestas efectivas por parte del régimen chavista que no implementa políticas públicas efectivas que faciliten el acceso a viviendas, recurren a estas acciones delictivas.
El negocio redondo
Son numerosas las denuncias que se reflejan en los medios de comunicación y en los entes del gobierno relacionadas con la violación a la propiedad privada. La corresponsalía de La Patilla tuvo acceso a una de estas, referidas a los invasores de oficio, quienes se dedican a marcar terrenos para luego venderlos y obtener cuantiosas ganancias.
En la urbanización El Paraíso de Cabudare, municipio Palavecino, parroquia José Gregorio Bastidas, habitantes denunciaron la venta ilegal de parcelas en terrenos protegidos por regulaciones de ley, debido a que por allí pasan tendidos eléctricos de alta tensión.
Señalaron los afectados han visto con estupor cómo se levantan edificaciones literalmente debajo de estas antenas que, por cierto, emiten un ruido ensordecedor que podría afectar la salud de la gente.
“Personas extrañas que no son de la comunidad, han estado haciendo limpieza de terrenos, construyendo fundaciones, cercando parcelamientos, muy cerca del tendido eléctrico de alta tensión” indicó Daniel Ramírez, habitante del sector.
Agregó que estas áreas reguladas por la ley por parte de la Corporación Eléctrica Nacional se han dispuesto para las áreas verdes de la comunidad, pero que se han visto vulneradas de un día para otro por personas extrañas en el urbanismo: “Construyendo inclusive hasta un galpón. Tenemos 14 años viviendo en la zona con documentos registrados, en parcelas que se delimitaron respetando las medidas que exige Corpoelec”.
En este sentido, Ramírez manifestó que se han dirigido a la Sindicatura Municipal, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Fiscalía y Corpoelec, para que tomen los correctivos necesarios y eviten que se construyan en estas zonas destinadas para las áreas verdes, pero no han tenido respuestas.
“Quisimos intermediar con los invasores sin ánimo de buscar conflictos, pero ellos mostraron documentos con permisologías por parte de las autoridades que les permite adueñarse de las áreas no aptas, violando las restricciones de ley que pecha sobre las mismas”.
Esperan que sea pronto la actuación de los organismos competentes para que le pongan coto a esta situación que atenta contra la tranquilidad de todos los habitantes.
Proyectos engavetados
En la sede del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, ubicada en la Av. Venezuela con calle 33 de Barquisimeto, reposan varios proyectos habitacionales que cumplen con todas las exigencias de requisito de ley, pero que aún no obtienen respuestas por parte del gobierno nacional.
Maricarmen Pérez, integrante de unas de las asociaciones debidamente registrada, señaló que tienen más de 10 años a la espera de que se concrete la construcción de sus viviendas. “Cumplimos con todos los requisitos, presentamos el proyecto, factibilidad de servicios, permisologías, todo un dineral, y lo que me han salido son las canas, esperando una respuesta del gobierno que nunca llega”, indicó.
Ante el tema de las invasiones, Pérez señaló que están constantemente visitando los terrenos y que en ocasiones han tenido que vigilar haciendo guardias entre todos los asociados copropietarios de las parcelas. “Sabemos que en la región esto es una práctica en la que no podemos descartar que sea auspiciada por personas que forman parte del entorno político, que permite que los invasores actúen a sus anchas, dejando por fuera a familias organizadas con el deseo de cumplir sus sueños de tener una vivienda”.
En el municipio Iribarren existen varias asociaciones de soluciones habitacionales con terrenos propios en la que destacan: Eyamenes, El Rosal, El Comandante, La Orquídea, AsoparloCountry, entre otras, que agrupan a más de 500 familias que esperan desde hace más de una década poseer viviendas propias.
Muchas han sido las reuniones entre directivos de las asociaciones con representantes de los organismos estadales en aras de trabajar mancomunadamente. “Lo que predomina es la burocracia, el clientelismo, el cuanto hay pa’ eso”, se quejó una de las asociadas visiblemente preocupada ante la ola de invasiones en la que podrían verse involucradas sus parcelas.
Falta de políticas habitacionales
El fenómeno de las invasiones de terrenos en el estado Lara no es nuevo y cada cierto tiempo genera crisis por las intervenciones de los organismos de seguridad y de las autoridades civiles, que lejos de resolver el problema, lo agudizan.
Carlos Eduardo Quintero, ingeniero especialista en construcción de proyectos habitacionales, indica que la falta de políticas públicas en la construcción de viviendas dignas de interés social para el pueblo, es el detonante para que en Lara y el todo el país se vean situaciones alarmantes de invasiones de terrenos, edificios enteros, casas, fincas, violando el derecho a la propiedad consagrado en la Carta Magna.
“El dilema es estructural, es un problema del propio sistema económico, político y social que abandona a su suerte a las grandes mayorías. Hay que crear un sistema donde las necesidades básicas y los derechos inalienables del ser humano no sean el negocio de nadie”, resaltó el ingeniero.
Señaló que en el país la falta de viviendas se agrava por la desarticulación de la armonía en grupos sociales: “Esta carencia obliga a personas y núcleos familiares a emprender medidas extremas en busca de resolver su asfixiante situación”.
Quintero destacó que se debe distinguir cuando se trata de tierras privadas, en cuyo caso las autoridades están en la obligación de proteger los bienes de nacionales y extranjeros, y cuando se trata de tierras del Estado, donde las autoridades están en la obligación de evaluar cada situación, privilegiando siempre los derechos humanos de los ciudadanos, entre los cuales figura el derecho al bienestar social, pero que desafortunadamente en Venezuela no se cumple.