Más de dos docenas de estados con gobiernos republicanos impugnaron el viernes el requisito de vacunación contra el COVID-19 ordenado por el presidente Joe Biden para las compañías, una confrontación entre la autoridad federal y los derechos de los estados en la que hay mucho en juego.
Por AP
El requisito emitido el jueves por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) se aplica a empresas con más de 100 empleados. Sus trabajadores deben estar vacunados contra el COVID-19 para el 4 de enero o de lo contrario tendrán que utilizar mascarillas y someterse a pruebas diagnósticas semanales. En la demanda se le pide a los tribunales que decidan si la medida ordenada por el gobierno para frenar la pandemia representa un abuso del poder federal y usurpa la autoridad de los estados para establecer políticas de salud.
Al menos 27 estados incoaron demandas impugnando la normativa.
“Este mandato es inconstitucional, ilegal e insensato”, declaró el procurador de Missouri, Eric Schmitt, en una demanda presentada ante la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito en nombre de 11 estados.
El gobierno de Biden ha estado alentando la vacunación generalizada como la forma más rápida para salir de la pandemia. Una portavoz de la Casa Blanca dijo el jueves que el mandato pretende detener la propagación de una enfermedad que ha cobrado más de 750.000 vidas en Estados Unidos.
El gobierno dice confiar en que su requerimiento, que incluye multas de casi 14.000 dólares por infracción, resistirá las impugnaciones jurídicas en parte porque sus normas de seguridad tienen preeminencia sobre las leyes estatales.
Seema Nanda, abogado del Departamento del Trabajo federal, dijo en un comunicado el viernes que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional le da a la OSHA la autoridad para actuar rápidamente durante una emergencia si halla que los trabajadores están sujetos a un peligro grave. La agencia alega que su norma temporal también tiene preeminencia sobre cualquier prohibición estatal o local a la capacidad de los empleadores para requerir que sus trabajadores estén vacunados.
“Estamos totalmente preparados para defender este estándar en la corte”, declaró Nanda.
A la demanda de Missouri se unieron los procuradores republicanos de Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming. También se sumó el procurador de Iowa, Tom Miller, el único procurador demócrata que participó en las impugnaciones al requerimiento.
En un comunicado, Miller indicó que presentó el documento a solicitud de la gobernadora republicana Kim Reynolds: “Es mi obligación, bajo la ley, encausar o defender cualquier acción en la corte cuando el gobernador lo solicita”.
Otras coaliciones de estados también incoaron demandas el viernes: Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Utah en la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans; Kansas, Kentucky, Idaho, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Virginia Occidental en el 6to. Circuito, ubicado en Cincinnati; y Alabama, Florida y Georgia en el 11mo Circuito, con sede en Atlanta. Más tarde el viernes, Indiana presentó una demanda en el 7mo Circuito, que se encuentra en Chicago.
Lawrence Gostin, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y director del Centro de Derecho Sanitario de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la ley de medio siglo de antigüedad que creó la OSHA le otorga la facultad de establecer medidas mínimas de seguridad en el lugar de trabajo.
“Creo que Biden se encuentra en un terreno legal muy sólido”, manifestó.
Los detractores han criticado algunos aspectos del requisito, como el hecho de que se haya adoptado como medida de emergencia en lugar de hacerlo tras el proceso habitual de elaboración de normas de la agencia.
“Se trata de una verdadera emergencia”, dijo Gostin, que ha hablado con el gobierno de Biden sobre el requisito. “De hecho, es una crisis nacional. Cualquier retraso causaría miles de muertes”.
Los estados presentaron las demandas en los tribunales de apelación más conservadores del país, donde los jueces designados por el expresidente Donald Trump reforzaron las mayorías conservadoras. No está claro si diferentes jueces fallarán sobre las impugnaciones por separado al principio, o si los casos se consolidarán en un tribunal al principio del proceso.