La Casa Blanca y el liderazgo demócrata del Congreso de Estados Unidos participaron en frenéticas negociaciones el miércoles para resolver las disputas persistentes sobre el enorme plan de gasto social de Joe Biden, antes de que el presidente volara a Europa.
Por Infobae
Si bien el día había comenzado con la esperanza de un acuerdo, la perspectiva de un consenso aún parecía lejana en las primeras horas de la noche por desacuerdos sobre cómo financiar los 1,5 a 2 billones de dólares de gasto social.
De hecho, un senador centrista clave señaló su renuencia a planificar un nuevo impuesto a los multimillonarios.
Por su parte, Nancy Pelosi, jefa demócrata de la Cámara de Representantes, pidió nuevas discusiones el jueves para avanzar en la agenda de Joe Biden.
El presidente de Estados Unidos habría aceptado nuevas concesiones el miércoles, como el abandono de la baja por enfermedad, para intentar llegar a un acuerdo antes de su partida el jueves a Roma para la cumbre del G20, según el Wall Street Journal.
Biden espera presentar a sus socios internacionales la imagen de un Estados Unidos comprometido en la transición energética, el crecimiento, y también la lucha contra las desigualdades sociales y la evasión fiscal.
“Jardín de infancia para todos. Inversiones climáticas históricas. Menores costos de atención médica. Todos están al alcance. Hagamos que estos proyectos de ley crucen la línea de meta”, escribió en Twitter Joe Biden.
“Estamos muy cerca” de un acuerdo, reconoció antes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Sería “la mayor inversión en la historia de la lucha contra la crisis climática por parte de Estados Unidos”, declaró.
Para financiar estos amplios planes de inversiones, que podrían alcanzar unos tres billones de dólares en 8 a 10 años, la idea de un impuesto a los ultrarricos fue presentada el miércoles.
“El impuesto sobre los ingresos de los millonarios se aplicaría a unos 700 contribuyentes y permitiría recaudar miles de millones de dólares”, según esta nueva propuesta apadrinada por el senador demócrata Ron Wyden, responsable de la comisión de Finanzas del Senado.
Eso garantizaría que “las personas más ricas del país paguen una justa parte para (financiar) inversiones históricas en favor del cuidado de niños, vacaciones pagas y la lucha contra el cambio climático”, precisó.
La gran novedad sería un impuesto a las ganancias o plusvalías en las carteras de acciones de las grandes fortunas estadounidenses.
IMPUESTO A LOS MÁS RICOS
El texto de Wyden precisa que “solo aquellos contribuyentes con más de 100 millones de dólares de ingresos anuales o más de 1.000 millones de dólares de activos por tres años consecutivos serían alcanzados” por la propuesta. Según versiones de prensa la tasa de imposición sería de 23,8%.
“Algunos más ricos” pueden escapar al impuesto manteniendo indefinidamente activos que les permiten tomar créditos y financiar su modo de vida, señala el texto, en referencia a la posibilidad de comprar casas lujosas, yates u otros bienes, poniendo esos valores como garantía ante los bancos.
“En consecuencia, la clase media, las familias que obtienen sus ingresos de sus salarios, pueden enfrentar tasas impositivas más altas que los millonarios”,
Resta saber si esta idea será apoyada por los senadores demócratas centristas, en particular Kyrsten Sinema, opuesta a alzas de impuestos, cuando los demócratas tienen una ajustada mayoría en el Senado.
Su colega Joe Manchin, también del ala moderada de los demócratas, parece reticente a este tipo de impuestos. “No me gusta la connotación según la cual apuntamos a personas diferentes, que son gentes que fundamentalmente contribuyeron a la sociedad creando muchos empleos”, explicó.
UN PRONTO ACUERDO
El impuesto mínimo de 15% a la renta de las multinacionales, que debería concernir a unas 200 empresas en el sector tecnológico, y contribuir asimismo al financiamiento de estos programas de inversiones, también volvió al tope de la agenda.
Sinema apoya este impuesto, al que considera de “sentido común para garantizar que las empresas muy rentables (…) paguen un impuesto mínimo razonable sobre sus ganancias”.
Los demócratas discuten dos programas: uno por 1,2 billones de dólares para modernizar infraestructura, y el otro con medidas sociales y ambientales por unos 2 billones de dólares. Biden pretende con ellos reformar la economía y asegurar crecimiento a largo plazo. Pero los republicanos acusan al Gobierno de impulsar una política inflacionista.