Allá nadie puede hablar con nadie, porque los matan, así de sencillo es”. La frase es de Wilfredo Cañizares, uno de los pocos defensores de derechos humanos de Cúcuta, Norte de Santander, que se atreven a denunciar –con nombre y apellido– la guerra que se está viviendo por cuenta del ‘clan del Golfo’, el Eln y otras estructuras en las veredas de esa ciudad enterrada en la frontera con Venezuela.
Por JULIÁN RÍOS MONROY / eltiempo.com
Los hechos respaldan lo que dice: en marzo se registró la desaparición forzada de dos pobladores que iban en una camioneta encontrada incinerada. Luego, un niño de 14 años perdió una pierna tras pisar una mina antipersonal. El 8 de septiembre, 327 personas fueron obligadas a desplazarse desde el corregimiento de Banco de Arena, a escasos 65 kilómetros del casco urbano de Cúcuta.
A eso se suman tres masacres y las amenazas a 22 líderes sociales que han tenido que huir este año para evitar que los maten, como ocurrió con Eliécer Sánchez, el último asesinado, el 21 de agosto pasado. Desde enero de 2020 los homicidios contra ellos suman 22 en el departamento.
A Eliécer –piel morena, barba perfilada, 1,70 de estatura– lo conocía todo el pueblo. Tenía un taller de motos que cerró cuando los hombres del ‘clan’ empezaron a pedirle que reparara las suyas, y para evitarlos, se había dedicado a vender carne.
Era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Punta, donde vivió la mayoría de sus 42 años, y junto con un puñado de líderes empezó a denunciar en 2014 los daños ambientales en Cerro Mono, una montaña de 18.000 hectáreas entre Cúcuta y Tibú donde la minería legal e ilegal y la deforestación para sembrar coca están contaminando los ríos que surten de agua a la región.
Esas dos economías –la minería y el narcotráfico– son solo parte de la cadena de ilícitos que se ve en la zona rural del nororiente de Cúcuta, y que es el caldo de cultivo para la violencia.
A menos de media hora de la frontera, el contrabando de gasolina, insumos químicos, medicinas, oro, chatarra y productos de primera necesidad, así como el tráfico de migrantes y las extorsiones, generan unas rentas multimillonarias que persiguen y se disputan todos los actores armados a sangre y fuego.
Y aunque ese círculo de actividades ilegales lleva décadas en la región, la violencia reapareció y se intensificó solo en los últimos meses. Los pobladores de esas tierras sembradas de arroz, limón y palma resistieron a la presencia del Eln y el frente 33 de las Farc y, luego, a la incursión paramilitar del Bloque Catatumbo de las Auc en 1999.
Se mantuvieron en medio del fuego cruzado, pero en 2013, un desplazamiento masivo a manos de ‘los Rastrojos’ –una de las bandas de exparamilitares reciclados– motivó a las comunidades de los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena a organizarse, confrontar a los armados y exigirles que respetaran su autonomía.
Los siete años de tranquilidad que sintieron desde entonces se acabaron el 14 de diciembre de 2020.
Ese día, miembros del ‘clan del Golfo’, que habrían sido enviados desde el Urabá –como en la incursión ‘para’ de 1999–, llegaron a las veredas tras alcanzar un acuerdo con los últimos sobrevivientes de ‘los Rastrojos’ (grupo casi aniquilado por el Eln).
¿El objetivo? Retomar a como diera lugar el poder en los más de 20 kilómetros de margen fronterizo. La forma, como se ha visto en los últimos 10 meses, no escatima en violencia.
Es miércoles y el centro de Cúcuta está custodiado de esquina a esquina por hombres del Ejército y la Policía. El presidente Iván Duque –que sufrió un atentado en esta ciudad a finales de junio–, los magistrados de las altas cortes y varios representantes de organismos internacionales hacen presencia en la capital de Norte de Santander, y las medidas de seguridad están a tope. Solo en el casco urbano.
Al celular de Jaime Marthey, el defensor del Pueblo de Cúcuta, llega un mensaje que da cuenta de los peligros que persisten en el campo. “Ayúdennos a irnos. Estamos debajo de la cama. Si salimos, nos van a matar”, lee el funcionario desde su chat de WhatsApp, y le ordena a uno de los miembros de su equipo coordinar una misión junto con Naciones Unidas para tratar de sacar del territorio a esa familia.
“Esto está advertido desde el año pasado en las alertas tempranas”, dice el defensor, y agrega, con preocupación, que aunque la situación estaba sobrediagnosticada, ya se han consumado varios hechos. “Las capacidades de las autoridades ya fueron desbordadas por la magnitud del conflicto”, señala.
El brigadier general Fabio Cancelado, jefe del comando específico de Norte de Santander, asegura que en el departamento hay aproximadamente 1.500 hombres en armas, repartidos en grupos ilegales como el Eln, el ‘clan del Golfo’, las disidencias del frente 33 de las Farc, el ‘Tren de Aragua’ (estructura transnacional) y los ya casi desaparecidos ‘Pelusos’ y ‘Rastrojos’.
Contra ellos “se mantienen operaciones militares, conjuntas, coordinadas e interagenciales en el sector de la frontera”. El alto oficial –que opera en la Trigésima Brigada del Ejército, donde un carro bomba explotó a mitad de año– añade que en lo corrido del año las autoridades han erradicado más de 5.600 hectáreas de coca “para afectar las finanzas de los grupos armados”.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que desde hace 30 años trabaja en defensa de los derechos humanos en la región, cuestiona que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en el territorio, los miembros de esos grupos ilegales “recorran las veredas como ‘Pedro por su casa’ ”.
“Tradicionalmente, estas incursiones se dan en lugares aislados, abandonados por el Estado, pero no estamos hablando del Catatumbo, sino de veredas cercanas a Cúcuta en las que han impuesto un control social permanente, con toques de queda, cuotas extorsivas para todos los habitantes, masacres, asesinatos, desplazamientos y una serie de amenazas a los líderes para callarlos. Ellos son el oxígeno de las comunidades, porque sin los líderes los procesos no existen”, dice Cañizares.
Por la carretera polvorienta que comunica al corregimiento de Palmarito con Banco de Arenas han seguido saliendo personas desplazadas, que se suman a las 448 que tiene registrada la alcaldía en lo corrido del año. En esa misma vía encontraron el cuerpo baleado de Eliécer Sánchez, a quien su familia y su comunidad aún llora. “Él era de esos líderes discretos, prudentes, muy sensibles con los problemas de sus vecinos; en parte de ahí venía su legitimidad y por eso se siente tanto su partida”, dice una persona que compartió con él.
La esposa de Eliécer, que tuvo que huir por miedo a correr su misma suerte, dice que con su muerte “quedaron a media muchos procesos, entre esos la paz en ese pueblo, que era lo que más quería”.
Ese deseo se lo arrancaron los armados, y por ahora no hay ninguna garantía de que la situación pueda mejorar.