Tarek William Saab anunció en redes sociales que el general Raúl Isaías Baduel murió este martes 12 de octubre por Covid-19 mientras se encontraba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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En un breve y tímido mensaje, el funcionario chavista que encabeza el Ministerio Público (MP) expresó: “Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del Covid-19
Según Saab, la muerte de Baduel ocurrió “mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna”.
En 2009, el general Baduel fue encarcelado por presunta corrupción durante su etapa como ministro de Hugo Chávez. Baduel siempre negó los cargos y aseguró que su condena era de carácter político, por haberse declarado contrario a la reforma constitucional planteada por el chavismo.
“Soy un preso de Hugo Chávez”, declaró entonces.
A partir de allí, las instituciones venezolanas desplegaron una ola persecutoria contra su familia, incluyendo a sus hijos Raúl Emilio y Josnars, actualmente encarcelado tras participar en la Operación Gedeón de mayo de 2020.
En 2015 Baduel fue excarcelado con medidas cautelares de la prisión militar de Ramo Verde. Sin embargo, volvió a ser arrestado en 2017 bajo nuevos y cada vez menos contrastados cargos.
“La Tumba”, calabozo del Sebin en Plaza Venezuela fue por muchos meses el lugar de reclusión arbitraria del general.
Luego de reiteradas denuncias sobre la salud de Baduel, el chavismo optaba por cambiarlo de calabozo sin ofrecer mayor información a sus abogados y familiares.
En septiembre de 2021 su hija, Andreína notificó que el general había sido sacado de “La Tumba” con dirección a “El Helicoide”, sin mayor justificación.
Tras el anuncio de Saab, Baduel se convierte en otro preso político que fallece en condiciones sospechosas bajo la custodia de los esbirros de Nicolás Maduro.
Anteriormente, los casos de tortura y asesinato del concejal caraqueño Fernando Albán y el capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo tuvieron que ser reconocidos por el chavismo en un intento de bajar la presión de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el Palacio de Miraflores.