La sociedad civil del estado Mérida protestó este viernes por el derecho a la educación con una jornada simbólica frente al histórico Liceo Bolivariano Libertador, patrimonio cultural y educativo de la nación.
Por: Jesús Quintero / Corresponsalía lapatilla.1eye.us
Haciendo referencia a lo tipificado en el artículo 102 de la Constitución Nacional, el cual establece que “… La educación es un derecho humano y un deber social, fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria… El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley…”, la diputada a la legítima Asamblea Nacional, Mildred Carrero, señaló que luego de realizar un recorrido por diferentes planteles educativos en el estado Mérida, se evidenció que no están dadas las condiciones para el reinicio de actividades de manera presencial: “las edificaciones presentan un deterioro notorio debido a la falta de mantenimiento, existen problemas con el suministro de agua potable”, agregó…
La falta de políticas públicas en el manejo eficiente y efectivo de la pandemia por el Covid-19 ante la escasez de implementos de bioseguridad, representa un obstáculo para el retorno a las aulas, ya que cada miembro de la comunidad educativa deberá contar con un mínimo de los requerimientos necesarios para protegerse dentro del entorno educativo.
La representante del Poder Legislativo señaló que se debe vacunar a toda la población educativa y su entorno familiar, para evitar que, de darse el retorno a las aulas, los centros de formación no se conviertan en focos de contagios de la pandemia.
Papá, mamá, y los estudiantes (… ) deben estar vacunados, señaló Carrero.
Entretanto, María Luisa Ávila, señaló que desde la sociedad civil activa se busca visibilizar cada problemática que afecta directamente al ciudadano de a pie (padres, madres, cabezas de hogar), para exigir la resolución verdadera a estos inconvenientes.
Ávila, enfatizó en que esta es una exigencia pacífica que se hace desde la sociedad civil activa, amparados en la Constitución Nacional, en defensa de los derechos civiles de los ciudadanos.