David Mercado / Reuters
Las condiciones generadas durante la crisis sanitaria del covid-19 han sido aprovechadas por grupos ilegales para avanzar en la destrucción de los bosques en el sur de América. Desde marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia mundial, se han disparado 724.557 alertas de deforestación en espacios protegidos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Por: Actualidad Rt
Cada una de esas alertas, detalla una investigación de Mongabay, se dispara cuando se destruye una superficie de 30 x 30 metros en un bosque tropical, o lo que es lo mismo, cuando se pierde un área selvática equivalente a dos canchas de básquetbol. Solo en los primeros seis meses de este año se han detectado 34.709 alertas.
Las imágenes satelitales revelan que zonas de la Amazonía (Colombia, Perú y Ecuador) y la Chiquitania (Bolivia) son las áreas más afectadas por este fenómeno. En estos pulmones verdes se observa la acción de la tala indiscriminada con varios propósitos, entre ellos, el tráfico de madera, los monocultivos y el narcotráfico, un panorama que afecta especialmente a las comunidades indígenas que habitan en esas tierras.
La violencia, el desplazamiento y la pérdida de sus predios es la consecuencia más palpable en esos territorios, donde la presencia del Estado es reemplazada por la acción de grupos armados dispuestos a abrir rutas para la extracción de recursos, como la madera o los minerales, o el tráfico de mercancías ilegales, como la droga.
¿Quiénes dominan los territorios?
Los narcotraficantes que integran organizaciones como el ‘Clan del Golfo’, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los latifundistas y personas involucradas en la tala de bosques son los principales responsables de la escalada de deforestación y violencia.
El reporte de Mongabay hace mención especial a Colombia, donde los narcotraficantes han incrementado el número de rutas para el tráfico de sustancias ilícitas, un comportamiento que coincide con el aumento récord de la producción de cocaína en ese país en el último año, según el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca que fue publicado el mes pasado.
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