El ejercicio de la libre expresión e información en Venezuela está cada vez más “limitado”, “en situación crítica” y plagado de “arbitrariedades” de parte del Estado, como advierte el informe de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), confirman representantes del gremio.
Por Gustavo Ocando Alex / vozdeamerica.com
La SIP publicó este miércoles un documento donde advierte que la libertad de prensa en Venezuela registra un “nivel crítico”.
El texto refleja violaciones al libre oficio periodístico en el país, como el cierre de emisoras de radio y persecución contra periodistas. Según las investigaciones de la Sociedad Interamericana, el régimen de Nicolás Maduro o funcionarios locales simpatizantes de su gestión cerraron hasta ocho estaciones radiales.
“Las estaciones de radio que todavía existen están auto censuradas por el terror que genera esta ley Resorte”, señala el organismo, en referencia a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que esgrime el oficialismo para impedir la continuidad de operaciones de esos medios de comunicación.
El informe observa, asimismo, la “migración” de la prensa venezolana al mundo digital y denuncia cómo el gobierno “bloquea las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas”, acciones “discrecionales, puntuales”.
La SIP considera que son “incontables” los casos de amenazas, robo de equipos o agresiones físicas a periodistas por agentes del Estado o gente afín al gobierno.
Sobre tales conclusiones, Édgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, apunta que el contexto en el que se desenvuelven los comunicadores venezolanos ha empeorado, incluso.
“El periodista se siente amenazado. Es altamente peligroso, porque estamos llegando al extremo de la autocensura por temor. Hay falta de garantías para el entorno familiar de los comunicadores”, comenta a la Voz de América.
El hostigamiento al periodista es pan diario, dice. Esa intención gubernamental trasciende además a los medios mediante sentencias en juicios civiles, apunta, citando el reciente caso del diario El Nacional.
Cárdenas lamenta que las agresiones a comunicadores y sus medios en Venezuela tengan el fin último, a su entender, de que no puedan tener acceso a información independiente, sino teñida de propaganda.
“Arbitrariedad” a mano de militares
Un día antes de la publicación del informe de la SIP, militares venezolanos retuvieron ilegalmente, borraron información de sus teléfonos, desnudaron e interrogaron a los periodistas zulianos Lenín Danieri y Edwin Prieto en un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana del municipio La Villa del Rosario del estado venezolano de Zulia, limítrofe con Colombia.
Minutos antes, habían tomado fotos y habían obtenido testimonios en ese punto a decenas de miembros de la etnia yukpa, quienes viajaban a Maracaibo para protestar por sus condiciones de vida en la residencia del gobernador local, simpatizante del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando los militares permitieron pasar a los manifestantes indígenas, detuvieron a Danieri y Prieto.
“Nos pidieron las cédulas de identidad. Nos revisaron absolutamente todo: la cámara, los equipos, vaciaron las ropas de las maletas y nos interrogaron, uno a uno, en un cuarto. Nos preguntaban que quién había auspiciado el viaje”, cuenta Danieri a la VOA sobre el episodio, ocurrido en la carretera Troncal 6.
Los militares borraron el material grabado del celular de Prieto. “A mí, me borraron cuatro fotos, pero al otro teléfono donde tenía fotos y videos le pude sacar la memoria. Nos hicieron quitar nuestras ropas como si fuera una revisión de rutina. Nos dejaron ir 45 minutos después”, describe el periodista.
Sus abogados le advirtieron que el procedimiento al que lo sometieron fue ilegal y que sufrió una privación inconstitucional de su libertad. No descarta ejercer acciones ante tribunales para denunciar tales violaciones a sus derechos.
“Fue una verdadera arbitrariedad”, apunta Danieri, quien aplaude que el informe de la SIP refleje la “persecución directa e indirecta” de las instituciones del Estado venezolano contra los periodistas y los medios de comunicación.
Cárdenas, vocero del gremio periodístico caraqueño, insiste en que la situación se ha tornado riesgosa para los comunicadores venezolanos por el contexto que vive el país, de pandemia, inseguridad, crisis económica y sanitaria. El régimen, a su juicio, ha emprendido una estrategia que procura “el silencio informativo”.