La Fiscalía General de México obtuvo una nueva orden de detención en contra de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa y hoy prófugo en Israel.
“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), logró una nueva orden de aprehensión en contra de Tomás “Z”, la cual se acumulará a la que ya se encuentra en Israel con ficha roja de la Interpol”, informó la FGR este martes en un comunicado.
Este nuevo caso de probable tortura se acumula a los anteriores y se refiere a la violencia que las autoridades ejercieron sobre Felipe “R” -Felipe Rodríguez “el Cepillo”- dentro de las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación de la ya extinta Procuraduría General de la República.
“El objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando, para poder justificar la denominada ‘verdad histórica'”, indicó el comunicado en referencia a la primera versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
La Fiscalía obtuvo esta orden de captura en contra de Zerón el pasado 23 de abril.
“Los probables delitos por los cuales se libró el mandamiento son los siguientes: desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos”, agregó el texto.
Esta orden de aprehensión será enviada “de inmediato” a las autoridades de Israel para “fortalecer” el existente procedimiento de extradición del sujeto señalado, concluyó el texto.
México lleva meses trabajando en la extradición desde Israel de Tomás Zerón.
El proceso es lento porque México no tiene tratado de extradición con Israel, pero las autoridades mexicanas esperan que se termine cumpliendo porque Ayotzinapa se trata de un caso grave de violación a los derechos humanos.
Según la desacreditada versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías locales corruptos que los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los incineró en un basurero.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, ha sido cuestionado por los familiares y expertos independientes, que han señalado que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar y han apuntado a la participación de militares y policías federales en el caso.
El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ordenó reiniciar las investigaciones, anunció el pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición, que había órdenes de captura contra militares por el caso.
EFE