Hace casi siete años, por allá en septiembre del 2014, la “revolución” chavista impulsó un plan de desarme voluntario en Venezuela para acabar con la alta tasa de criminalidad en el país, pero así como otros tantos “planes” del régimen, el esfuerzo quedó en el olvido y las bandas delictivas se siguieron expandiendo por todo el territorio nacional.
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En aquel entonces, el ministro del Interior y ahora preso político, Miguel Rodríguez Torres, lideró un plan de desarme en donde 72 centros en todo el país recibirían las armas de fuego, para posteriormente ser destruidas. Como incentivo, quienes accedían a dejar su arma recibían una beca para estudios o herramientas para trabajar.
Y sí, la primera jornada de recolección en el país resultó tener un pequeño “éxito”, con personas entregando pistolas, revólveres y escopetas, y recibiendo a cambio equipos de trabajo como motosierras, computadoras y becas de estudio universitario, según declaraciones del mismo Rodríguez Torres, pero poco a poco las jornadas fueron quedando en el olvido, los incentivos se fueron agotando y la criminalidad siguió aumentando.
Incluso se creó el Servicio Nacional para el Desarme (Senades), que hasta octubre de 2019 había inutilizado 515.511 armas de fuego, lo curioso, es que diez años antes, en 2009, quien era diputado por el Psuv y ahora es vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, Juan José Mendoza, mencionó la existencia de entre 9 y 15 millones armas de fuego.
Por otro lado, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) detalló que para el cierre del 2020, hubo una disminución en las muertes ocasionadas por armas de fuego, pero lo atribuyen a los altos costos que empezaron a tener las municiones para los integrantes de las bandas menores, añadiendo que las bandas grandes, al sí tener capacidad financiera para comprar o negociar armamento de mayor calibre o de mayor poder destructivo, concentran la mayor capacidad de armas ilegales en el país.
Ahora, Douglas Rico enfrenta el reto de llevar a la banda del “Coqui”, que hace estragos en la Cota 905, a deponer las armas mediante encuentros que promuevan el “diálogo”, ¿será este otro intento infructuoso de acabar con las bandas armadas?