Para José Virtuoso, rector de la UCAB y ex integrante de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, la excelencia del trabajo técnico e incluso la voluntad política que logró convertir las recomendaciones en leyes, fueron incapaces de evitar que el proceso de cambios naufragara ante la pulsión militarista y la instrumentación de la policía con fines políticos. Ahora el desafío es mayor y más complejo: “Recuperar el control del territorio y la capacidad de actuación frente a todos esos grupos irregulares en complicidad con el Estado, será una tarea titánica. De la victoria en esa tarea dependerá cualquier proyecto de futuro”.
Por provea.org
¿Qué tanto hemos evolucionado desde el tenebroso “chácharo” gomecista -peinilla terciada y rostro torvo bajo el ala del pelo de guama, atento el oído a una palabra mal dicha sobre el dictador- hasta el funcionario de las FAES que llega al barrio escondiendo la cara con una máscara de calavera para no dejar dudas sobre su talante ni rastro de su responsabilidad? Tristemente no son muchos los cambios de fondo entre esos dos personajes policiales separados por un siglo o más de avances y retrocesos en la misión de impulsar la civilidad, la democracia y los derechos humanos.
En este mes de abril se cumplen 15 años de un esfuerzo en esa dirección, acaso uno especialmente ilusionante y esperanzador porque, como pocas veces en la historia, pareció que teníamos la capacidad de poner de lado todo interés sectario para ocuparnos de un problema común y trascedente, y poder así decir con orgullo que los venezolanos, como en aquella canción de los años 80, “hacemos por una vez, algo a la vez”. En efecto, la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) surgió como una isla en el mar de la polarización política y sentó en una misma mesa a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez con especialistas y representantes de muy diversos sectores y pensamientos.
Uno de ellos fue el padre jesuita José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, convocado no tanto como representante de la iglesia católica, sino como conocedor in situ de los problemas de inseguridad en nuestros sectores populares. Su nombre y su liderazgo están ligados a una de las experiencias más notables y más estudiadas de lo que podríamos llamar “autogestión” de la seguridad, como es la del barrio Catuche, al norte de Caracas.
Un gobierno que todavía escuchaba
“En aquel momento -rememora Virtuoso- estábamos en una situación donde el gobierno todavía se dejaba impactar por las demandas de la opinión pública. La CONAREPOL nace impulsada por una presión social muy fuerte a raíz de varios casos criminales donde el denominador común fue la participación policial, en particular el terrible asesinato de los hermanos Faddoul, seguido del secuestro y también muerte del industrial Sindoni. En el primer caso quedó claro que el asesinato fue perpetrado por miembros de la entonces Policía Metropolitana, y en el caso Sindoni se trató de un ajuste de cuentas donde participó abiertamente la Policía de Aragua. Esos hechos conmocionaron de tal manera que el gobierno comenzó a hablar de una comisión para la reforma de la policía, más o menos al estilo de lo que ya venía ocurriendo en otros lugares de América Latina, con experiencias donde confluían personas de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, académicos y expertos en criminología y sistema penal. Es de hacer notar que quien fue quizás la principal promotora de la idea en aquel momento, Ana María San Juan, venía del Centro de Derechos Humanos de la UCV.
Comenzar con buen pie
Al igual que la mayoría de quienes participaron en la CONAREPOL, Virtuoso pone en dos compartimientos bien separados el fracaso práctico de la reforma y la calidad técnica de sus aportes.
“Lo importante es que desde el inicio se planteó concebir una comisión plural, no partidista, donde privara el interés por el asunto mismo y la experticia técnica. Eso marcaría la calidad del trabajo y sus resultados. Diría que el primer gran producto fue el desarrollo de una metodología para el abordaje de un tema tan complejo como es la reforma del sistema policial en Venezuela. Consistió primeramente en la elaboración de un diagnóstico de la situación de los cuerpos policiales en el ámbito nacional, regional y municipal. Se hizo una extensa investigación sobre la cantidad de cuerpos policiales, su número de efectivos, su aprovisionamiento, sus normativas, etc. Ese diagnóstico fue acompañado por dos encuestas de victimización, las más amplias hechas en la materia, con una muestra muy importante en todo el país. De manera que fue conocer la situación de las policías y conocer la situación del delito: quiénes eran las principales víctimas, por qué la gente no denunciaba los delitos, con qué tipo de armas se producían, cómo participaban elementos de la policía, entre otros tantos asuntos clave. En una etapa posterior, cuando ya yo no estaba allí, se hizo otro gran esfuerzo en este sentido por caracterizar las zonas de mayor riesgo, con énfasis en la ciudad de Caracas. Y junto al estudio de las policías y de las víctimas del delito, también se hizo una gran consulta nacional recabando las recomendaciones de distintos sectores para la reforma de la policía, incluyendo a los propios funcionarios policiales, y abarcando hasta las zonas de frontera y las comunidades indígenas. Todo este trabajo resultó políticamente muy importante, pues significaba poner a muchos a conversar sobre un tema que nos unía a todos”.
“Luego, partiendo de ese diagnóstico y consulta amplia, surgió un conjunto de recomendaciones de políticas públicas destinadas a desarrollar un producto fundamental: la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Curioso: el grueso del trabajo se hizo en aproximadamente un año, estaba fundamentalmente resuelto a finales de 2007”.
Un proyecto “de derecha”
La reforma policial, pues, nacía con fuerza y al parecer respaldada por una voluntad política capaz de ponerla en marcha. La realidad, sin embargo, cambió bruscamente esa percepción. Se produjo un enroque ministerial y entró en juego nada menos que Pedro Carreño, quien tildó todo el proceso como un proyecto “de derecha”. La CONAREPOL entra al congelador.
“De un borrón acabaron con la Comisión. Pero pocos años más tarde se incorpora como ministro Tarek El Aissami, vinculado con algunos de los académicos que participaron en las encuestas y el diseño de la ley, y se volvió a convocar la comisión. Es allí, en 2009, cuando finalmente sale la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la Ley del Estatuto de la Función Policial. Esos dos instrumentos legales crearon una suerte de sistema integrado de policía nacional que abarcaba dentro varias instituciones como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, para la formación de los funcionarios, y el Consejo General de Policía como un órgano coordinador”.
“Los expertos consideran que el resultado es positivo; que el modelo plasmado en las leyes tendía a un modelo policial integrado y coordinado, y ajustado al sueño de una policía civil que actuase conforme a los parámetros de los derechos humanos, enfocada en la prevención del delito y en la represión sometida a las garantías constitucionales, con toda una serie de normas, controles, cuidados establecidos para ello, mejorables ciertamente, pero bastante aceptables”.
Más policía no es mejor policía
Pero la ley, como sabiamente dice la voz popular, aguanta todo. Más aún cuando el que debe cumplirla no tiene quién le haga rendir cuentas.
“El problema –explica Virtuoso- es que a renglón seguido comienza a formarse un poder policial paralelo que contradice la esencia de la ley. Recordemos que un punto fundamental de discusión en la CONAREPOL era cómo controlar el crecimiento de los cuerpos policiales, de cara a enfocarse en tener un número adecuado de policías bien formados y remunerados. En ese momento el número de policías por cada 100 mil habitantes ya superaba ampliamente los estándares normales en el mundo. Hoy tenemos aún más funcionarios en un contexto donde la población se ha reducido de forma importante, lo que abulta todavía más la desproporción. La PNB, que se crea en 2015, en apenas seis años alcanzó los 14.739 funcionarios. Esa hiperinflación policial implica que no ha habido una correcta selección y formación, lo que equivale a un gran contingente de gente joven y armada, con salarios exiguos, a lo largo y ancho del país haciendo de las suyas.
“El otro gran fenómeno contrario al espíritu de la reforma es la militarización de la seguridad. Al margen de los cuerpos policiales, ya desde el año 2010 en tiempos de Chávez se empezaron a desplegar los grandes “operativos” vinculados con la contención del delito bajo el esquema militar. Paralelamente, las mismas policías, incluyendo la PNB, se militarizaron en sus mandos y en sus procedimientos. De manera que lo que se pretendió en esencia, es decir la creación de una policía eminentemente civil, ya no tiene nada que ver con la realidad. Además, la Guardia Nacional siguió no solo con las mismas competencias –se pretendía quedara como organismo especializado en la seguridad de puertos, aeropuertos, etc- sino que incrementó su participación en el combate del crimen por supuesto bajo el esquema militar”.
Y llegaron los hombres de negro
Para completar este escenario de retroceso en la misión que se había propuesto la CONAREPOL, se crean las FAES. Nacen supuestamente en el marco de la Policía Nacional, pero acaban siendo independientes de hecho, con un increíble margen de libertad para cometer los atropellos que se pusieron de relieve con el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Además, orientando buena parte de su accionar a la represión política:
“Hay que apuntar que se crean en un contexto muy determinado, que es el de las protestas de 2017, y aunque según su decreto de creación es un cuerpo policial especializado para enfrentar el delito con más eficacia, se han empleado a fondo para todo lo que tiene que ver con la contención de la oposición política en el país. Las FAES fueron el principal actor contra todas las manifestaciones de descontento en las zonas populares durante los primeros meses de 2019. Hubo mucha gente de estas zonas participando en marchas multitudinarias y las FAES se encargaron de precisarlos, de averiguar quiénes eran y dónde estaban. Fueron casa por casa, tocando cada puerta para amenazar especialmente a las personas con algún liderazgo.
Hoy estamos mucho peor
¿Cuáles son las grandes diferencias, los nuevos actores en juego, si comparamos el diagnóstico de la CONAREPOL en 2005 con la situación actual de la seguridad ciudadana?
– Me ha gustado mucho el informe del Observatorio de Violencia 2020 porque hacen de verdad una radiografía social del delito en Venezuela. Primero señalan algo que pone de manifiesto el fracaso de la CONAREPOL, y es que en Venezuela, por una parte, se ha reducido el delito menor y el delito común, incluyendo el asesinato, pero ha crecido en proporción el que cometen los policías. Según reportan en 2020 ocurrieron 4.153 homicidios cometidos por civiles para una tasa de 16 víctimas por cien mil habitantes. Ese dato contrasta con las 4.231 muertes reportadas por las autoridades bajo la categoría de “resistencia a la autoridad”. Es decir, hay más víctimas fruto de la “resistencia a la autoridad” que las producidas por actos delincuenciales. Así, en 2020 por primera vez fueron más los muertos por acción de la policía: 101 por cada 100 a causa directa de la delincuencia. Por supuesto, con todo lo que de eufemismo tiene la “resistencia a la autoridad”, que en una proporción indefinida tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza de acuerdo al criterio de los criminólogos.
Mejor malandro que policía
Virtuoso subraya que el fracaso de la reforma, en última instancia, se aprecia en lo que ha sido y es la relación del pueblo con su policía. En los barrios de Caracas una experiencia clara es que el único contacto que un vecino suele tener con el Estado como órgano rector, como administrador de la justicia, es la incursión de la policía en el barrio.
“¿Cómo es esa experiencia? Dramática, catastrófica, violenta, de miedo mutuo; una negación total de los derechos. Siempre cuento, porque fue una experiencia de vida importante, lo ocurrido en Catuche, donde tuvimos un tiempo de problemas con bandas que dejaron muchas muertes y mucho dolor. Teníamos asambleas para ver qué podíamos hacer, cómo nos podíamos organizar, y todo lo que se planteaba lucía impracticable, porque en definitiva el malandro era quien tenía las armas y se imponía. Así que en una oportunidad se concluyó que habría que hacer una denuncia oficial con nombres y apellidos y traer a la policía. Una señora se levantó y me dijo “padre, yo lo quiero y lo respeto mucho, y sé que tiene la mejor intención, pero lo último que haría en mi vida es traer la policía al barrio porque son peores que los malandros”. Para ella, la saña de la policía resultaba aún peor que el drama que vivía. Eso hoy en día se ha multiplicado. Para muestra lo que pasó recientemente en La Vega, donde la banda de El Coqui que está en la Cota 905 quiso ampliar su territorio en la zona contigua de La Vega. La manera de enfrentarlo fue una arremetida terrible contra la comunidad por parte de las FAES y la PNB, como bien lo documentaron en Provea y otros organismos. La situación que intentó enfrentar la CONAREPOL se ha agravado y las fuerzas de seguridad son más represivas, más alejadas del ideal de una policía y civil y menos respetuosas de los derechos humanos.
Una tarea titánica
En síntesis, los resultados de la CONAREPOL, más de una década después de acabada su tarea, no pueden ser más decepcionantes.
“Tenemos una situación policial muchísimo más grave, y ha ocurrido otra cosa y es que, junto a la reducción del delito “al menudeo” con pequeñas o micro bandas, han crecido y se han fortalecido las grandes bandas. De esa manera, tienes menos dispersión en los actores delincuenciales, pero zonas enteras del país controladas por actores armados de distinto tipo, manejando diversas especialidades del negocio delincuencial: tráfico de drogas, contrabando, extracción minera, lavado de divisas, trata de blancas, etc. Bandas muy organizadas que, además, suponen una cohabitación con las fuerzas de seguridad del Estado. El panorama del delito se nos ha hecho mucho más complejo. Si hoy tuviésemos que pensar en retomar la reforma, con todos los cambios institucionales que tenemos por delante, ese sería un elemento particularmente clave y difícil. Recuperar el control del territorio y la capacidad de actuación frente a todos esos grupos irregulares en complicidad con el Estado, será una tarea titánica.
¿Vamos en dirección a un problema de seguridad tan sistémico como, por ejemplo, el de México?
“Venezuela estaba distante de situaciones como las de México, Colombia o Brasil, pero ciertamente hoy estamos en ese camino. Hay que recordar que en México el delito es una verdadera amenaza para la estabilidad política, y hemos visto gobiernos efectivamente amenazados y doblegados. Pensar en la recuperación de la institucionalidad en Venezuela, en que el Estado recupere el monopolio del uso de la fuerza, el estado de derecho, la gobernabilidad del país, va a ser una tarea muy importante. De la victoria en esa tarea dependerá cualquier proyecto de futuro”.