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La Asamblea Nacional ilegítima y desconocida por la comunidad internacional, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales y, como era obvio, el solo nombre de la ley y el vergonzoso espectáculo de las manos levantadas en el Palacio Legislativo provocó una avalancha de inmediatas críticas en redes sociales y los pocos medios de comunicación disponibles. Antes de dejarme llevar por el confuso título, responsablemente decidí buscar el proyecto y leerlo para poder criticarlo con criterio.
Desde el primer artículo se revela una inconsistencia jurídica peligrosa, esta Ley intenta crear una nueva rama del poder público que no está prevista en la Constitución. La Constitución vigente indica la existencia del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, además, expresamente organiza el poder público Nacional, Estadal y Municipal, nada más. Si se desea cambiar eso, lo procedente es un cambio de la Constitución a través de una Constituyente y, consecuencialmente, aprobar dicho cambio por medio de un Referéndum. Lo peor es que también en ese mismo artículo 1 del intragable proyecto, considerando su inconstitucionalidad, justifica la iniciativa diciendo que el objetivo de todo esto será construir el “Socialismo Bolivariano”. Inmediatamente quedan proscritos de ciudadanía quien no quiera el Socialismo.
En el artículo 9 de este proyecto de Ley se establecen algunas definiciones que, más que aclarar, oscurecen. Resulta que se define “Familia” enmarcada en una inentendible catajarra de palabras rebuscadas. Preguntamos ¿para qué una ley de ciudades comunales tiene que tratar temas relativos y previstos en el Código Civil?. Aún más suspicacia genera, en ese mismo artículo, la definición de “Comuna”. En el apartado 4.2 se puede leer unas líneas que solo caben en un manual de Marxismo puro y duro “La Comuna, deberá fundamentar su existencia en la construcción de un sistema económico propio, que le permita trascender la lógica del capital, estableciendo un sistema de propiedad de los medios de producción, distribución y de valores de los bienes y servicios que le son indispensables”, preguntamos ¿La Comuna decidirá de quién es la propiedad privada?.
Ahora bien, ¿ese poder que estaría entregándose a la Ciudad Comunal será ejercido por autoridades electas? Una gran pregunta. A veces toleramos los desmanes y desatinos de un gobernante electo por voto universal, secreto y directo por haber sido nosotros, en calidad de votantes, quienes lo escogimos pero las cosas cambian cualitativamente si se nos dice que ahora, esos mismos desatinos y otros peores serán cometidos por gente no electa que los conocerán si acaso en su casa. El articulo 12 del proyecto de ley estipula que “La Ciudad Comunal podrá recibir y administrar aportaciones de la haciendas pública municipal, regional y nacional. Además, deberá promover y crear las condiciones favorables para ser objeto de las transferencias de competencias y de recursos desde cualquiera de las escalas de gobierno”. Es decir, las autoridades electas por voto universal, secreto y directo en comicios libres, justos y competitivos deberán entregar el presupuesto público y su manejo a personas no electas o designadas en asambleas tumultuarias. El mundo al revés. Me gustaría escuchar que piensan los gobernadores y alcaldes del PSUV sobre esto.
Algún despistado podría decir, quizá sin leer el proyecto, que esto fortalecerá a los Consejos Comunales. Pues no, el proyecto de ley de Ciudades Comunales desnaturaliza la organización vecinal y la convierte en una oficina electoral útil cada ciertos años para aparentar democracia eligiendo un “Consejo de Gobierno” de la ciudad sin CNE, sin partidos políticos y sin campañas abiertas. Para los que creían, infantilmente, en el discurso oficialista de la democracia participativa despertarán de repente frente a un “Consejo de Gobierno”, integrado por 7 desconocidos, diciéndole “te participamos que ahora el coroto es nuestro”.
El proyecto de Ley merece todo el rechazo de la sociedad venezolana, pido a todos leerlo. Así no solo lo criticarán con base sino que también reconocerán las cualidades de quienes levantaron la mano para aprobar semejante fraude a la constitución.