Los separatistas en el poder regional de Cataluña pusieron en duda la voluntad de “diálogo” mostrada por el gobierno español de Pedro Sánchez, después de la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont.
El partido socialista de Sánchez apoyó la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y otros dos eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí, lo que abre la puerta a una posible extradición a España para ser juzgados por el fallido intento de secesión de 2017.
“Esto dista mucho de tener voluntad de diálogo”, arremetió Meritxell Budó, portavoz del gobierno regional, que los independentistas controlan de forma interina hasta la investidura de un nuevo dirigente tras las elecciones regionales de febrero.
El gobierno español “debe decidir si está en un lado o en otro, si está por el diálogo o por la venganza, como hemos visto hoy”, añadió Budó.
Desde su llegada al poder en 2018, Sánchez abogó por apaciguar el conflicto en Cataluña e incluso accedió a entablar una mesa de negociación con las autoridades regionales que se ha visto paralizada por la pandemia.
Además de la suspensión de la inmunidad de los eurodiputados, los separatistas conocieron también este martes que un juez de Barcelona revocó el régimen de semilibertad a siete dirigentes encarcelados por el fallido intento de secesión de 2017.
Desoyendo las prohibiciones judiciales, los separatistas impulsaron entonces un referéndum de autodeterminación y proclamaron una república.
En 2019, nueve dirigentes, entre ellos varios compañeros de gobierno de Puigdemont, ya recibieron de 9 a 13 años de cárcel por sedición.
El expresidente y los otros dos eurodiputados evitaron ser juzgados al haber marchado a Bélgica días después de la fallida declaración de independencia.
Diez años después del comienzo del auge del independentismo en esta región del noreste de España, la cuestión divide profundamente a sus 7,8 millones de habitantes.
“Si una persona está fugada de la justicia, tenemos que enseñar que España tiene buenas leyes para cumplirla (…) Puigdemont tiene que estar en la cárcel por los delitos que ha cometido”, decía Blai Heredia, un estudiante de 18 años.
En cambio, Óscar Sánchez, un pintor de unos 50 años en Barcelona, deseaba que la extradición de Puigdemont “no acabe de prosperar y no tenga que venir forzosamente a España, porque el gobierno español no va a comportarse de forma justa”.
AFP