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El régimen totalitario incrustado en Venezuela desde 1999, ha evidenciado no tener disposición alguna de ofrecer salidas democráticas y pacíficas a la grave crisis múltiple en la cual ha sumido al país, la peor de su historia, y una de las más graves registradas a nivel universal.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surgida por iniciativa del propio Hugo Chávez en 1999, consagra en otros, los siguientes principios medulares: la democracia, la libertad, el derecho a la vida, a la paz, a la justicia, la ética, el respeto a la dignidad humana, la soberanía intransferible en manos del pueblo y su ejercicio a través del sufragio, la alternancia, el derecho a la participación política, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político, la prohibición de toda discriminación, la nulidad de actos estatales violatorios de los derechos ciudadanos, la prohibición de torturas y tratos crueles, el derecho al debido proceso, el respeto al honor y la privacidad, el derecho a manifestar pacíficamente sin represión, la realización de referendos consultivos o revocatorios, la condición apolítica de la Fuerza Armada, la independencia del Poder Electoral, el apego a un sistema de libre competencia y de estabilidad económica, la autonomía del Banco Central de Venezuela, la tenencia privativa de armas de guerra por parte del Estado, la garantía a la seguridad ciudadana y al orden público, la responsabilidad de los funcionarios públicos por abusos o desviación de poder, el derecho del pueblo a desconocer cualquier autoridad que contraríe los valores y garantías democráticas, y el deber de la ciudadanía de colaborar en la observancia de la Constitución.
Estos pivotes fundacionales consagrados por la Carta Magna vigente, han sido burlados y violentados sistemáticamente por el mismo régimen que la promovió, el cual ya cumplió 22 largos años en el poder. De allí que, ante el agotamiento de caminos para resolver la crisis, y la negativa pertinaz del régimen a permitir la celebración de sufragios libres, justos y con garantías, amén de la vulneración de los derechos humanos, la desinstitucionalización republicana, el sometimiento al pueblo a inimaginables penurias por la destrucción de las fuentes de producción y de empleo, y el ejercicio dictatorial del poder, ello pese a los numerosos esfuerzos nacionales e internacionales desplegados, surge ahora un grupo plural de venezolanos, desprendido de ambiciones personales, bajo el lema de “Resistencia Unida”, el cual, apegado a la Constitución, propone a la oposición libertaria una “rebelión ciudadana”, como único medio de redención social y política de la nación. No soy protagonista de ese movimiento, pues no ejerzo activismo político, pero al leer el “Manifiesto” que han ofrecido al país, el cual puede encontrarse en Instagram en: #laresistenciaeslibertad, me he sentido atraído por su poderoso contenido.
El manifiesto parte de la necesidad impostergable de concretar el cambio político en Venezuela, y de recuperar la libertad y la democracia, tras haberse agotado las vías electorales y de negociación, todas ellas por medios engañosos y fraudulentos. A tales efectos apela a la fuerza de la gente, con respaldo nacional e internacional, y a la confluencia de los grupos de resistencia gremiales, políticos, militares o en el exilio, para organizar un levantamiento contra la ignominia en que el régimen ha sumido al país. La unidad libertaria en torno a ese objetivo, la inviabilidad de compartir “espacios de poder político” con quienes usurpan el poder, y la necesidad de construir la fuerza necesaria para remover a un gobierno ilegítimo y criminal, surgen como el hilo conductor de dicho planteamiento.
No elude poner de relieve los sacrificios que exige la recuperación de la democracia, entre ellos deponer diferencias ideológicas, personales o grupales para lograr la fuerza indispensable en una sola dirección, problema que, yo agrego, es crucial en un panorama opositor debilitado, entre otros por la siembra de divisiones desde el oficialismo, y el otorgamiento de prebendas a actores políticos o privados. El comunicado recuerda las luchas libradas por la resistencia en años recientes, con un saldo de cientos de muertos, presos, exiliados y desterrados, y no obstante ello, el aferramiento del régimen al poder. De allí que el llamado sea a la participación de todos, para construir una fuerza que haga sentir su poder, en forma constitucional y legítima, como lo consagran los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, y así conquistar “la victoria final” contra gobernantes que se han mimetizado con mafias e impúdicas alianzas con el crimen organizado.
El manifiesto convoca a los ciudadanos de bien, a los militares patriotas y a todos los componentes de la sociedad, a no descansar hasta triunfar, como un deber y obligación ética, moral y constitucional. De hecho, así ha quedado expresado en las consultas populares promovidas por la oposición en julio de 2017 y el 12 de diciembre último. Y yo agrego, así lo ratifica la abstención masiva de ciudadanos en la ilegítima elección de la Asamblea Nacional organizada por oficialismo el 6 de diciembre de 2020, la cual ha sido desconocida por las principales democracias del mundo. E igualmente, lo confirman las encuestas de opinión, en las cuales se revela que al menos el 85% de la población rechaza a una tiranía que subyuga al país con hambre, terror y miseria, y es partidaria de un cambio político en Venezuela.
Esta convocatoria, en la cual hasta donde conozco hacen parte jóvenes valiosos y valientes, está sumando voluntades y sectores de opinión, y tiene mucho sentido. Recordemos que el final de la dictadura de Pérez Jiménez en enero de 1958, fue posible gracias a la unión de fuerzas lograda entre diversos sectores de la sociedad, entre ellos el militar, a la existencia previa de una resistencia política, y a la formación de una Junta Patriótica que aglutinaba a partidos políticos en la clandestinidad y personalidades relevantes, una de las cuales vive, y está lúcido y vigente, Enrique Aristeguieta Gramcko, quien es el mejor testigo de esas patrióticas jornadas. Fue también a través de la unidad lograda en el “Pacto de Punto Fijo” entre los principales partidos políticos, a la caída de Pérez Jiménez, que fue posible emprender la etapa democrática que prevaleció durante 40 años, de 1959 a la infausta fecha de llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Ello pese a la lucha armada auspiciada desde Cuba en la década de los 60, y de los movimientos conspirativos promovidos en esos años por la derecha militarista, nostálgica del perezjimenismo. Pero ese recio líder político que fue Rómulo Betancourt, pudo culminar su mandato en 1964 y entregar el poder a otro presidente democráticamente electo, Raúl Leoni, gracias a la existencia de una sólida unidad de propósitos forjada en el país, de vivir en democracia y fortalecer su institucionalidad.
Una nueva unidad de propósitos y de acuerdos en lo fundamental, es lo que necesitamos hoy en Venezuela, para salir de esta larga noche, de horribles pesadillas, a la cual el totalitarismo ha llevado al país, pasando por encima y sin escrúpulos, de los principios constitucionales resumidos en párrafos anteriores. Por tal razón, considero que el llamado y convocatoria de “Resistencia Unida”, cobra relevancia y oportunidad, para sumar voluntades en torno a sus muy claros objetivos.