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Trinidad y Tobago dijo el jueves que impondría penas más severas a quienes trafican con migrantes de la vecina Venezuela, días después que un barco venezolano que se dirigía a la nación caribeña se hundiera y murieran al menos 28 personas.
En el archipiélago viven unos 40.000 venezolanos que han llegado desde el país sudamericano huyendo de la crisis económica y la falta de servicios básicos, viajando en precarias embarcaciones y con exceso de pasajeros. El pasado año dos naves desaparecieron en el mar con migrantes que iban hacia a la isla.
El primer ministro, Keith Rowley, dijo que tenía más venezolanos que huían que cualquier otra nación “por kilómetro cuadrado y per cápita” y agregó que habría “leyes nuevas y más firmes para las personas que fomentan el comercio ilegal y penas más severas para la trata de personas”.
Su anuncio se produjo el mismo día que el fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek Saab, dijo en Caracas que nueve personas estaban ya detenidas en relación al caso, entre ellos siete uniformados de la Guardia Nacional que habían extorsionado el 9 de diciembre, tres días después que partió el bote el 6 de diciembre, al propietario de la nave que naufragó.
Saab señaló que el sitio donde embarcaron las víctimas está dentro de una finca propiedad de Luis Ramón López, “quien tenía conocimiento de los hechos. Por esta razón, también fue aprehendido”. Las víctimas pagaron unos 150 dólares por el viaje, agregó el fiscal en la televisión estatal venezolana.
Las autoridades venezolanas actualizaron el número de muertos por el naufragio de al menos 28 desde un inicial de 14.
Rowley señaló que no habría deportación masiva de venezolanos a principios del próximo año. Su gobierno planea extender el registro legal de más de 16.500 por otros seis meses cuando expire a fin de año. Agregó que los venezolanos que han sido responsables de traer migrantes ilegales al país caribeño “estarán a la cabeza de la fila para regresar a casa”, dijo
Reuters