En cuatro capítulos, el informe más reciente de la Fundación Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas), en alianza con la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, hilvana las consecuencias de la ruptura ética y política entre los derechos humanos y la paz que ha generado el clima de desinstitucionalización, violencia, desigualdad e inseguridad alimentaria, sanitaria y laboral que gira en torno al proyecto de la Zona de Mineral Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO).
Por Laura Clisánchez | Correo del Orinoco
Consecuencias que continúan dañando la biodiversidad irreemplazable de la Amazonía venezolana, el tejido social y la existencia misma de los pueblos originarios ante la tolerancia del Estado venezolano.
El efecto práctico de la declaratoria del AMO, desde 2016, fue potenciar de manera descontrolada y acelerada la minería ilegal en todo el territorio al sur del río Orinoco. La bióloga y parte del equipo de investigación de Cerlas, Dorixa Monsalve Dam, informó que de los siete parques nacionales que se tienen en el país, seis están afectados por la minería ilegal. Solamente en el Parque Nacional Canaima, que es una zona protegida y patrimonio mundial, hay hasta ahora 59 focos de minería.
El 30% de los focos de minería en la región de la Amazonía se concentran en el área selvática de Venezuela, lo que quiere decir que, en esta zona, una de las más biodiversas del mundo, hay más de mil intervenciones mineras de compañías extractivistas y mineros artesanales. En territorios que deberían estar custodiados por las fuerzas militares del Estado.
“Estos focos están afectando el ecosistema en general, la fauna, la biodiversidad… se sabe que gran parte del oro llega al gobierno o a los poderes militares por diferentes vías, llamados caminos verdes, que sabemos que son verde oliva”, dijo Monsalve.
En principio, el AMO nunca fue ecoamigable. Aunque prometía la explotación racional del mineral aurífero, sin el uso del mercurio. La bióloga señaló que una de las grandes preocupaciones de la extracción minera en este territorio es precisamente el uso del mercurio para procesar el oro, y que, en algunos casos, su venta es incluso más lucrativa que la de la piedra dorada.
Aunque el uso del mercurio está prohibido para todas las actividades mineras de Venezuela desde 2013, la investigación sostiene que casi todo el oro que se extrae en los territorios mineros se analiza con mercurio, que llega al país desde Guyana por el río Cuyuní toda vez que las diferentes fuentes de agua, suelos y biodiversidad están siendo envenenados de forma sistemática por el uso del metal líquido sin que haya evidencia de que su uso y comercialización esté controlado o impedido por el Estado.
La región Guayana tiene una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Recurso que también está gravemente amenazado desde que en abril de 2020 se aprobó la exploración y explotación minera primaria de oro, diamante y demás minerales estratégicos en seis áreas fluviales: los ríos Caura, Caroní, Yuruari, Cuchivero, Aro y Cuyuní.
La explotación continúa a pesar de que la resolución se derogó en octubre 2020, luego de que pobladores de Maripa, en el municipio Sucre, protestaran en rechazo a la explotación minera en el río Caura que desde un principio viola la Ley de Aguas.
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