El 16 de noviembre de 2020, el Fiscal General del régimen de facto designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ofreció una entrevista al canal Venezolana de Televisión (VTV), en la cual criticó a los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Entre sus declaraciones, Tarek William Saab afirmó que “ha recibido denuncias contra las FAES”, señalando casos de secuestros y de enfrentamientos, y concluyendo que las FAES son funcionarios asociados a delincuentes. Asimismo, añadió “no entender qué pasa con las FAES”, explicando que ellos son un cuerpo pequeño, de tan solo 800 a 1000 policías, y que son un mal ejemplo para el resto de los cuerpos policiales del país.
Estas cínicas afirmaciones son consecuencia de una denuncia emitida por Javier Tarazona, director de Fundaredes, respecto a funcionarios de las FAES que, de no ser interrumpidos por la policía municipal, pretendían extorsionar y ejecutar a un productor agropecuario zuliano, identificado como Américo Ledezma.
En este escenario, no puede pasar desapercibido que, es un hecho público y notorio, incluso a nivel internacional, que las FAES han estado involucradas en ejecuciones extrajudiciales desde su creación en julio de 2017. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela describió en sus conclusiones detalladas que la FAES es la institución policial más letal en Venezuela, siendo responsable del 64.5% de las muertes que dicha Misión examinó en 2019. Desde su creación, las FAES han asesinado a más de 1400 personas.
Por otro lado, ante múltiples denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en septiembre de 2019, declaró que las FAES recibía el apoyo al más alto nivel del Gobierno. Posteriormente, en julio de 2020, recomendó revisar las políticas de seguridad y restringir las funciones de las fuerzas especiales, e incluso pidió la disolución de ese cuerpo de seguridad.
Es inequívoco concluir que Tarek William Saab tiene pleno conocimiento de la política de exterminio que han emprendido las FAES desde el 2017. Incurre en responsabilidad el funcionario que comete la ejecución, y también quien emite las órdenes. La Misión, en sus conclusiones, determinó la responsabilidad individual de Fiscales por sus actos y omisiones. Entre esas personas, esta CPDHAV encuentra imposible no señalar a Tarek William Saab, quien ha sido Fiscal General del régimen de facto desde 2017, por lo que ha tenido un papel directo en el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos.
Las declaraciones de Tarek William Saab evidencian su necesidad de actuar ante los casos que afectan los intereses de la dictadura, tolerando cada una de las violaciones de derechos humanos que se cometen y denuncian a diario en Venezuela. Esta Comisión Presidencial condena y desprecia sus declaraciones, donde además de reconocer que las FAES están conformadas por delincuentes, pretende desligarse de las actuaciones de dicha fuerza policial, de manera cínica y aquiescente.
Solicitamos, con base a lo expuesto, un pronunciamiento de los organismos regionales e internacionales de vigilancia de Derechos Humanos, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Específicamente, solicitamos exigir al gobierno de facto el cumplimiento de los siguientes puntos:
1- Disolver inmediatamente las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana como la ha solicitado la ACNUDH;
2- Abstenerse de perseguir, hostigar y criminalizar a dirigentes políticos, líderes sociales y empresariales a través de los cuerpos de seguridad del Estado;
3- Garantizar los derechos a la vida e integridad personal de todos venezolanos;
4- Investigar, con la debida diligencia, los hechos de ejecuciones extrajudiciales, a fin de determinar a los responsables (incluyendo mandos medios y altos, como el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz) y aplicar las sanciones pertinentes.
HUMBERTO PRADO SIFONTES
Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas