Se está desarrollando una batalla de último minuto sobre el destino de un exseñor de la guerra paramilitar que el gobierno colombiano quiere que regrese luego de una larga sentencia por drogas en una prisión estadounidense.
Por Joshua Goodman / Associated Press
Traducción libre del inglés por lapatilla.1eye.us
Salvatore Mancuso, el principal comandante de un grupo de milicias de derecha que se disolvió desde entonces, completó una sentencia de tráfico de cocaína de 12 años en marzo.
Permanece bajo la custodia de Estados Unidos mientras Colombia, donde los tribunales lo han juzgado responsable de más de 1.500 actos de asesinato o desaparición forzada, lucha contra una orden estadounidense que lo enviaría a Italia, donde también tiene la ciudadanía.
Los abogados de Mancuso sostienen que lo matarían si regresa a un país sudamericano que ha luchado por recuperarse de décadas de sangriento conflicto. Argumentan que ya cumplió con sus obligaciones en virtud de un acuerdo de paz que negoció en 2003, que limita las penas de prisión a ocho años para los jefes paramilitares que confiesen sus crímenes.
Las muchas víctimas que Mancuso dejó atrás dicen que lo que está en juego es la justicia que se les ha negado durante mucho tiempo. Los funcionarios colombianos también se quejan de que negar su solicitud de que Mancusco sea deportado de regreso a casa sería un desaire de alto perfil hacia un aliado incondicional que sufrió un conflicto civil de décadas que dejó 260.000 muertos y millones más desplazados. La carnicería se vio agravada por la demanda estadounidense de cocaína colombiana, que financió a grupos armados ilegales, incluidas las Fuerzas de Defensa Unidas de Colombia de Mancuso, conocidas como AUC.
Los sucesivos gobiernos conservadores han enviado a varios miles de colombianos a enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Mancuso se encuentra entre los de más alto perfil, habiendo dirigido la fabricación y envío de más de 138.000 kilogramos de cocaína, según su acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos.
“Llevarlo a Italia sería una traición repugnante para las víctimas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia por crímenes atroces, debería agotar todas las vías legales para llevar a Mancuso de regreso a Colombia, hacer que rinda cuentas y evitar esta humillación a las víctimas”.
La lucha subraya la asignatura pendiente del proceso de paz paramilitar, conocido como Justicia y Paz, que llevó a la desmovilización de 30.000 combatientes de derecha, pero que quedó muy lejos de su ambicioso objetivo de decir la verdad y la reconciliación.
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