Se cree que El Mirador, en Guatemala, era como la ciudad de Nueva York hace unos 2.500 años: según el arqueólogo Richard Hansen, director de una fundación para el estudio de la zona, en la inmensa metrópolis, interconectada con otras 50 ciudadelas a su alrededor, vivieron entre 100.000 y 200.000 personas mucho antes de lo que se estimó como el auge del imperio maya. Tikal, por ejemplo que es una de las ciudades históricas más famosas del mundo, fue creada y ocupada cientos de años después que la Cuenca del Mirador.
Por infobae.com
En esas 350.000 hectáreas de bosque tropical en la zona del Petén, además de la biodiversidad de las selvas más ricas que aloja la Reserva de la Biosfera Maya, hay otra clase de tesoro: sitios arqueológicos que deberían ser vistos, en opinión de Hansen, como Roma, Giza o Atenas.
Pero en los años recientes se ha comenzado a notar una nueva clase de abundancia, que podría poner en peligro tanto la naturaleza como las ruinas: el narcotráfico. Que ni siquiera se ha suspendido por la pandemia de COVID-19: el 27 de julio, por tomar uno de los casos más recientes, la Policía Nacional Civil decomisó 2.100 kilos de cocaína prolijamente empaquetados, enterrados para su almacenamiento transitorio junto a una avioneta comercial mediana estacionada en medio de la nada verde, a 500 kilómetros de la capital. El cargamento se valuó en USD 27 millones.
Para que esta avioneta aterrizara hubo que improvisar una pista, y a tal fin se quemó un segmento del bosque. Esta avioneta no fue la primera —ni será la última— que trasiega drogas en el Petén: según la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres guatemalteca, hasta finales de mayo se registraron 1.257 incendios, que consumieron 8.942 hectáreas de vegetación. Entre 2018 y 2019 la deforestación para el narcotráfico llegó a 47.000 hectáreas.
Luego de que varios equipos de investigadores se toparan con hombres armados y poco interesados en la arqueología, Hansen contrató un grupo de 28 guardias para permitir el trabajo científico. Entre sus planes, para los que espera que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un presupuesto de USD 72 millones, se encuentra el turismo sustantable en la región, como parte de una iniciativa de cooperación internacional alrededor de temas como inmigración y tráfico de drogas. “Tenemos que ser más listos que los narcos”, dijo, al respecto, a The Washington Post.
No parece una tarea fácil: solo en 2019 las autoridades encontraron 50 aviones abandonados y decomisaron 18.910 kilos de cocaína, más que los 16.829 de 2018 y que los 13.659 de 2017. “Estamos hablando de una industria que tiene dinero suficiente como para abandonar naves de un millón de dólares en la selva”, dijo el coronel Juan de la Paz al periódico. “Sus recursos son infinitos, nosotros sólo tratamos de seguirles el ritmo”. Según el artículo, “el 90% de la cocaína que hoy se consume en los Estados Unidos pasa por Guatemala”.
Un mañana aparece un turbopropulsor en perfecto estado; otro día, los restos incendiados de una avioneta que cumplió con sus funciones y se consideró innecesaria; y un poco después aparecen las huellas de un accidente aéreo, como sucedió en Laguna del Tigre: al estrellarse, el transporte soltó miles de ladrillos de medio kilo de cocaína cada uno, que se desperdigaron por el parque nacional.
Según las autoridades los pilotos cobran hasta USD 500.000 por vuelo, una cifra que toma en cuenta el riesgo: De la Paz dijo al Post que en 2019 se recuperaron los cuerpos de 10 pilotos muertos en accidentes. Es una zona difícil: Hansen, que la transita hace décadas, sufrió uno grave, del que él, su esposa, su hija y el piloto lograron salir increíblemente ilesos momentos antes de que el tanque de combustible estallara. Desde entonces suele decir que su vida es más interesante que la de Indiana Jones, porque el personaje de Harrison Ford siempre logra saltar antes del choque.
El historiador José Cal, de la Universidad de San Carlos, explicó a la revista militar Diálogo que el Petén “es un corredor transnacional comercial, es un corredor transnacional migratorio y al final se volvió un corredor transnacional de la droga”. Eso se debe a que Guatemala está conectada con el Caribe, con el Pacífico y con México. “Es un país de paso para ese tránsito de la droga desde Sudamérica hacia una estación mexicana o hacia las estaciones del sur de los Estados Unidos”, agregó.
Si hasta no hace demasiado tiempo las drogas iban en embarcaciones y submarinos por el océano Pacífico, y en jets hacia México, distintas formas de interdicción de los países involucrados redujeron la utilidad de esas vías. “Pero la frontera norte de Guatemala sigue siendo una tierra de nadie, una reserva de vida silvestre que se ha convertido en un parque de juegos para el delito”, siguió el Post. “Los jets pueden llevar más de USD 100 millones en cocaína para que se pase raudamente a México y de ahí a los Estados Unidos”.
Los aviones —que aterrizan de noche, sin luces, guiados por drones, sobrevolando las ruinas mayas y reservas de jaguares— suelen despegar en Venezuela, aseguró la investigación. “Entre 2012 y 2017, la cocaína que pasó por el país aumentó un 57%, según la base de datos consolidada de lucha contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos; el Departamento de Justicia acusó al presidente Nicolás Maduro de narcoterrorismo. Aún más cocaína proviene de Colombia y Ecuador”.
Según Michael Miller, vocero de la Agencia de Control de Drogas (DEA), los operadores locales no están afiliados a un cartel determinado: “Las organizaciones de tráfico de drogas de Colombia y Venezuela suelen asociarse con los cárteles mexicanos para los cargamentos importantes”, dijo al periódico. “Los grupos guatemaltecos de contrabando controlan una gran cantidad de pistas y pueden ajustar o redirigir los aterrizajes según sea necesario”.
En la nota de Diálogo, Cal explicó que los locales no sólo se ocupan de eso sino que aprovechan los incendios intencionales para expandir actividades agrícolas como la ganadería. No se trata de un intento de diversificar el negocio con emprendimientos legales: “Con la excusa de que se está desarrollando esta actividad económica, se localizan territorios claves para establecer pistas provisionales. Al principio se decía que solo las comunidades estaban quemando, pero no: hay un interés claro en abrir estas pistas porque es una ruta expedita para bajar la droga por el Petén”.
Un estudio de la Universidad de Texas, dirigido por la investigadora de geografía Jennifer Devine, amplió que hasta un 87% de la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya se debe a la ganadería ilegal vinculada al comercio de drogas ilícitas: ”Los narcotraficantes deforestan el área protegida para criar ganado ilegalmente, lo que sirve como mecanismo de lavado de dinero y control del territorio para el contrabando”.
La ganadería ilegal podría ser un recurso para las 12.000 personas que se estiman que viven en la reserva, clandestinamente —muchas de ellas llegadas por el extenso conflicto armado interno, que entre 1960 y 1996 dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 100.000 desplazados—, como explicó a The Washington Post Rony DuVon, un maestro del asentamiento Lagunita: “Estamos aquí porque creemos que, como guatemaltecos, tenemos el derecho a vivir y trabajar la tierra”. Ellos ven pasar los aviones, pero no saben a quién pertenecen.
Sin embargo, estableció la investigación, la línea divisoria entre la ganadería ilegal y el tráfico de drogas es borrosa. La mayoría de las personas en esos asentamientos en realidad trabaja en los ranchos de animales que poseen terratenientes poderosos, en cuya zona de influencia se encuentran las pistas. “Las ganancias por las drogas se suelen lavar mediante la compra de ganado al otro lado de la frontera, en México. Los narcos usan las fincas para justificar su presencia”, explicó De la Paz al periódico.
En Flores, sede del primer tribunal ambiental de Guatemala, la persecución de los ganaderos que destruían tierras protegidas no fue procedimiento de rutina. En 2018 la jueza Karla Hernández fue secuestrada y mantenida como rehén durante tres días; la misma Hernández, que condenó a Lester Ovidio Gallegos Mayorga a cuatro años de prisión por el pastoreo ilegal en Laguna del Tigre, descubrió al año siguiente que Gallegos había recibido una nueva acusación, esta vez por transportar 70 kilos de cocaína en una camioneta.
“Otros casos han expuesto los vínculos entre el tráfico de drogas y las familias importantes”, siguió el Post. “Durante mucho tiempo un rancho en la Laguna del Tigre estuvo registrado a nombre de Waldemar Lorenzana, un conocido contratista gubernamental, al mismo tiempo que dirigía una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes del país”. Lorenzana fue extraditado a los Estados Unidos en 2014 y condenado por tráfico a 23 años de cárcel. “El Departamento de Justicia dijo que Lorenzana tenía ‘vínculos significativos’ con el Cártel de Sinaloa, otrora liderado por Joaquín El Chapo Guzmán”.
En 2013 los Estados Unidos donaron a Guatemala seis helicópteros para controlar la zona; en 2016 un inspector del Departamento de Estado informó que ninguno volaba debido a falta de mantenimiento. En todo el Petén —más de 3,5 millones de hectáreas— el control está en manos de una brigada de 1.200 soldados sin apoyo aéreo, contó De la Paz al Post. Básicamente hacen avistamiento de avionetas, porque cuando se toman el trabajo de avanzar a través de la jungla para ubicar alguna llegan demasiado tarde.
“Docenas de pistas de aterrizaje identificadas por el ejército guatemalteco siguen activas, lo que alimenta las sospechas de complicidad o de participación gubernamental en el tráfico”, continuó el artículo. “En algunos casos, los militares se han negado a destruir las pistas de aterrizaje hasta recibir oficialmente dinamita del Departamento de Justicia de Guatemala”: en la práctica, eso deja tiempo para su reemplazo. De los 16 puntos de aterrizaje clandestinos inhabilitados en 2019, “muchos volvieron a su funcionamiento operativo en cuestión de días o semanas”, informó el Departamento de Estado.
“Es una combinación de corrupción oficial y falta de capacidad institucional”, dijo al periódico Stephen McFarland, ex embajador estadounidense en Guatemala. “Hay dinero para hacer más, pero no hay voluntad política. Aunque se consiguieron algunas incautaciones importantes, con frecuencia [los funcionarios] regresaban y decían: ‘Quisimos hacerlo, pero no teníamos combustible’, o ‘No pudimos establecer contacto con el comandante de la base naval para pedirle permiso’. Nunca recibimos una buena respuesta”.
Una de las hipótesis principales sobre la caída de El Mirador, que llevó a que los mayas se reubicaran en otros puntos como la península del Yucatán, es que hicieron un uso abusivo del medioambiente, al punto que la zona se volvió inviable para las necesidades de su población. La narco-deforestación parece apuntar a un destino similar, aunque sin la desaparición de una gran metrópolis.