El canciller de Venezuela, Julio Borges, sostuvo este miércoles con respecto al nuevo informe presentado por la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, que este dejó en evidencia la entrega del territorio por parte del régimen de Maduro a grupos armados como ELN y los disidentes de la FARC. Aseveró que las delegaciones que participaron en el Consejo de DDHH de la ONU expresaron un apoyo contundente en favor del pueblo venezolano y las elecciones libres como mecanismo para afrontar la grave crisis política, económica y social.
“Este nuevo informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet deja al descubierto que Nicolás Maduro entregó el territorio a grupos narcoterroristas como ELN y los disidentes de la FARC, quienes se dedican a extraer el oro del país mientras asesinan a venezolanos inocentes y destruyen el medio ambiente”, sentenció.
El representante internacional del gobierno de Juan Guaidó sostuvo que la mayoría de los países condenaron la acción dictatorial del régimen contra los derechos humanos y pidieron elecciones libres. “Las naciones presentes en el Consejo de DDHH rechazaron las violaciones y acciones dictatoriales del régimen de Maduro y además, enarbolaron las banderas de unas elecciones libres y no una farsa como pretende la dictadura realizar. El mundo tiene claro que en Venezuela hay una dictadura, pero aún falta que reconozcan el Estado Fallido, este informe comienza a abonar en ese camino”, indicó.
Asimismo, Borges recalcó que el informe también reveló las torturas que aplica el régimen de Maduro contra los presos políticos y señaló que esos tratos crueles los lleva adelante funcionarios cubanos que se encargan de reprimir y perseguir a civiles y militares en Venezuela. Insistió en la necesidad de que el informe de Bachelet sirva para engrosar la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Maduro y sus cómplices.
Por último, agradeció a los países por su apoyo a la lucha por los DDHH y la democracia que se lleva en Venezuela y los instó a ejercer todos los mecanismos de presión para obligar al régimen a un proceso de transición que conduzca a unas elecciones presidenciales libres.