Con multas irrisorias y un breve congelamiento de cuentas, autoridades mexicanas dijeron haber sancionado en 2018 a las empresas de ese país que participaron en el esquema millonario que surtió de productos a las cajas Clap, incluyendo aquellas que vendieron leche en polvo de pésima calidad nutricional. Con Alex Saab -arquitecto y cabeza estas operaciones- detenido en Cabo Verde hace tres semanas, en México comienzan a revelarse las irregularidades de una investigación que parecía haber hecho justicia. Al final, fue un castigo que ni dolió ni reparó a nadie.
Por ROBERTO DENIZ/CLAUDIA SOLERA / armando.info
Los ecos de la detención de Alex Saab llegan a varias partes. Desde Cabo Verde, donde fue capturado el 12 de junio tras la activación de una alerta roja de Interpol, primero a Venezuela, su centro de negocios desde hace casi una década y, luego, hasta Colombia, donde nació y ahora reflotan tanto sus conexiones políticas como un juicio en su contra. Ahora en México también se hace sentir el coletazo. La nación norteamericana desde 2016 fue clave para Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, en el millonario esquema del suministro de alimentos al programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que ese año el gobierno de Nicolás Maduro instauró en Venezuela.
Las autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, en la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos, todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación, que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy baja calidad nutricional.
El detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier castigo.
El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.
El funcionario apuntó directamente contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong controlada por Saab y Pulido, y una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales como la congelación de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.
“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó entonces Lira.
La sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.
“Los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una donación de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera, coautora de este reportaje.
Otros documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores mexicanos.
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