La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) tildó este viernes de “duro” y “xenófobo” un proyecto de ley presentado en el Congreso de Perú para retirar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) de los venezolanos en ese país.
El proyecto fue presentado por el congresista peruano Orlando Araque, del partido político Acción Popular y, según indica un comunicado de Veppex, pide además penas de hasta 10 años de encarcelamiento a quienes reingresen a territorio peruano si han sido expulsados anteriormente.
En 2016, el Gobierno peruano abrió la frontera a todos los venezolanos, a los que les otorgaba un PTP que les permitía trabajar y estudiar, pero paulatinamente fue restringiendo el acceso hasta exigir visado desde junio de 2019.
“Es muy lamentable que a pesar de que la comunidad internacional ha apoyado con recursos a los países que han recibido a la inmigración venezolana, puedan existir personas como el legislador Araque que busca cerrar las puertas a quienes de manera desesperada buscan huir de la tragedia que se vive en Venezuela”, expresa el comunicado.
Veppex, con sede en Miami, Florida (EE.UU.), espera “que este proyecto de ley no sea aprobado y que el Perú siga cumpliendo con los tratados y acuerdos internacionales de protección y asilos a inmigrantes”.
Perú, junto a Ecuador y Colombia, ha sido uno de los principales receptores de los más de 4 millones de venezolanos que, según Naciones Unidas, han emigrado a consecuencia de la crisis económica y política que vive el país suramericano.
El país andino es el segundo que más venezolanos ha recibido por la crisis que atraviesa Venezuela.
Varios incidentes ocurridos en Perú con o contra venezolanos han reavivado el debate sobre si la xenofobia comienza a extenderse en un territorio que en cuatro años ha recibido a más de 860.000 ciudadanos de esa nación.
Uno de los episodios más notorios ocurrió en noviembre de 2019 en un distrito de la región sureña de Cusco, cuyos representantes acordaron dar un plazo de dos meses a los venezolanos para que abandonaran su jurisdicción.
Los dirigentes del distrito de Pichari, de unos 20.000 habitantes, buscaron justificarse en supuestas “conductas lascivas” y el incremento de los delitos en su localidad, aunque luego la Alcaldía anunció que la drástica medida no sería aplicada.
EFE