Cuba tiene un mercado “moribundo, pobre, atrasado tecnológica y estructuralmente” en estos momentos, según el último informe de The Havana Consulting Group.
Por DMB | lapatilla.1eye.us
Los expertos de esa empresa radicada en Miami llegan a esta conclusión pavorosa al hacer el balance de las inversiones extranjeras en la Isla desde el entusiasmo en tiempo de ‘deshielo’ con la Administración de Obama hasta el estancamiento actual con la pandemia de covid-19 y el derrumbe de la ayuda venezolana, reseña desde Cuba el portal 14ymedio
El texto califica de demoledor el efecto para la economía cubana la activación del título III de la Ley Helms-Burton. Para los empresarios “que ya estaban inmersos en las inversiones comenzó una verdadera pesadilla. Para el Gobierno significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos”.
El título tercero de la Helms-Burton, promulgada en 1996 por Bill Clinton, se mantuvo en suspenso hasta que en 2019 la Administración de Donald Trump anunció su entrada en vigor. Durante este tiempo “el poder persuasivo en esta etapa inicial ha sido más poderoso que el efecto de las propias demandas que han tenido lugar hasta la fecha”, explica el informe.
Entre los ejemplos, The Havana Consulting Group menciona a la compañía franco-italiana Avions de Transport Régional, que firmó un contrato con el Gobierno cubano para la venta de dos aviones de turbohélice ATR 72-600 que posteriormente fue “cancelado por temor a represalias por la Ley Helms-Burton”.
En la lista también se incluye la empresa francesa Bouygues Bâtiment International, que en 2018 obtuvo la concesión del Gobierno para ampliar y gestionar los aeropuertos José Martí y San Antonio de los Baños pero que vio frenado su interés al arreciar las sanciones estadounidenses.
La cancelación de los proyectos para la renovación de talleres ferroviarios también van a la cuenta de las restricciones externas. Pero donde el informe indica que se ha sentido con más fuerza el golpe es en la Zona Especial Desarrollo de Mariel (ZEDM). “Los proyectos no tuvieron crecimiento en 2019 y en lo que va del 2020 tampoco”, apunta.
El texto también achaca la actual situación a deficiencias internas, como la “economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones y los tabúes que limitan el desarrollo del sector privado”, entre otros males.
Además, actualmente las empresas extranjeras “están teniendo muchas dificultades para repatriar el capital generado por sus operaciones en la Isla, lo que ha incrementado el nivel de desconfianza hacia el Gobierno y ha generado un clima de incertidumbre”.
Los impagos, la falta de liquidez y el riesgo a nuevas demandas en tribunales estadounidenses vuelven el panorama aún más sombrío. Especialmente en medio de la crisis global generada por el covid-19. “Cuba actualmente es el mercado con menor poder adquisitivo de América Latina aun con la ayuda de las remesas”.
El informe también tiene críticas para la generación más joven que ha ascendido a los altos cargos del país. “El nuevo equipo de Gobierno encabezado por el presidente designado Miguel Díaz-Canel no ha sabido enrumbar la economía, sino todo lo contrario. En lugar de adoptar una renovada estrategia aplicando una fórmula aperturista para liberar las fuerzas productivas, ha preferido el atrincheramiento ideológico y la continuidad”.
Más allá del elemento disuasorio, el informe aborda las dificultades de hacer efectivas las demandas al amparo de la Helms-Burton. Según sus datos, se han hecho públicas 25 demandas, de las que 9 son certificadas y 16 no y trabajan en ellas 146 abogados de 51 firmas legales, para 79 demandantes. El costo hasta la fecha en honorarios es de 4,1 millones de dólares.
El informe indica que la clave en estos proyectos es el due dilligence, proceso de investigación de la empresa demandada. Este apartado es imprescindible para fundamentar adecuadamente la demanda, ya que detalla la historia de la propiedad confiscada, pero los problemas son numerosos por la antigüedad de los procesos, que requieren documentación de décadas que en ocasiones se ha extraviado. También hay que abordar la otra parte, la empresa que se beneficia con el bien requisado. Según The Havana Consulting Group, tener bien hecho este trabajo garantiza “un 90% de probabilidad de triunfo en una demanda”.
En todo caso, la consultora recomienda no llegar a juicio y pactar compensaciones con las empresas. “Para pelear en las cortes hay que destinar grandes sumas de dinero en abogados y gastos legales. Para muchos el riesgo de perder las demandas es real y grande”, indica el texto.
Una salida negociada “permite al demandado tener continuidad en el proyecto en el que ha invertido”. Además, “al reconocer los derechos del demandante de ser compensado”, este último se convierte en posible socio del demandado “ante un eventual cambio de Gobierno en la Isla”.