El más reciente episodio de violencia registrado al sur del estado Bolívar –entre los municipios Cedeño y Sucre–, en el que habrían perdido la vida tres venezolanos, dos de ellos pertenecientes a la etnia yekuana, obligó a la secretaria general nacional de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), Griselda Reyes, a demandar respeto para las comunidades originarias.
Nota de prensa
La Constitución Nacional vigente –en sus artículos 119 al 126– y la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, reconocen los derechos que tienen estos pueblos. Pero el desgobierno que lidera Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a cualquier precepto legal, fomentando la explotación de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales en el denominado Arco Minero del Orinoco, que abarca mayoritariamente el norte de Bolívar y en menor proporción el noreste de Amazonas y parte de Delta Amacuro, donde se concentra gran parte de las comunidades indígenas.
Pero el aprovechamiento de los recursos minerales por personas y grupos de dudosa procedencia, también ha generado un desplazamiento inusual de comunidades autóctonas hacia otras regiones del país o hacia el vecino Brasil.
“Los indígenas venezolanos fueron utilizados por muchos años con fines políticos partidistas para obtener votos, nada más; y después los degradaron a tal punto que hoy sufren la más detestable ignominia. Víctimas del hambre y las enfermedades, de la falta de atención gubernamental, y de la violencia impuesta por grupos irregulares que operan en el país, muchas comunidades se han visto en la penosa necesidad de migrar dentro del propio país o abandonarlo en algunos casos, buscando mejoras en su calidad de vida”, manifestó la líder del partido de los ciudadanos.
Reyes lamentó profundamente el asesinato de por lo menos tres personas en el Alto Caura, estado Bolívar, dos de ellos miembros de la comunidad yekuana, presuntamente a manos de grupos armados que habrían ingresado a una mina llamada La Bullita, en el sector La Bulla, en la intercepción fluvial de los ríos Yuruari y Caura, al suroeste de la entidad federal.
La también empresaria exigió a las autoridades pertinentes hacer las investigaciones de rigor a fin de determinar quiénes están detrás de ese confuso hecho ocurrido a mediados de semana, en el que Christian Flores y Franklin Sarmiento –y una tercera persona no identificada que se presume vivía en Maripa–, perdieron la vida y otras 15 habrían huido hacia las zonas montañosas. “Están hostigando y persiguiendo a los grupos indígenas que están interesados en preservar su territorio”.
“Nadie sabe qué ocurrió. Lo que sabemos proviene de grupos y organizaciones no gubernamentales que tienen su radio de acción en la zona (entre ellas la asociación civil Kape Kape que funciona como observatorio indígena). Al parecer, grupos irregulares operan a sus anchas en el denominado Arco Minero, convertido en una zona sin ley. La impunidad no puede seguir siendo la norma en Venezuela”, agregó la máxima representante de ACEP.
Finalmente, Reyes pidió a los ciudadanos venezolanos organizarse y constituir Comités de Defensa de los Derechos Humanos, para comenzar a trabajar sobre el desarrollo de la cultura ciudadana vinculada a los derechos humanos, y para registrar y documentar todas esas violaciones de derechos fundamentales a fin de formularlas ante las instancias nacionales e internacionales. “Cuando cambie el gobierno y el modelo y al país comience a retornar la normalidad, todas estas denuncias tendrán que ser procesadas, y los responsables deberán responder ante la ley. Sorprende, preocupa, el silencio y la tolerancia de la sociedad frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso tiene que cambiar”.