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La Fiscalía española pidió este lunes imputar a la novia del exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa en un caso sobre corrupción en la petrolera PDVSA, a la que relaciona con la recepción de casi 800.000 euros (unos 870.000 dólares) a través de una sociedad de la que era administradora.
En esta causa también está investigado Alvarado Ochoa, al que la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Estados Unidos por esta razón.
La novia de Alvarado, Ceciree Carolina Casanova Rangel, exgerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD), había sido citada hoy a declarar como testigo a petición de la acusación particular que ejerce PDVSA en esta causa.
Pero el fiscal anticorrupción, antes de la comparecencia, informó de que iba a hacer preguntas que le podían incriminar, por lo que pidió su imputación, lo que permite tener la asistencia de un abogado y además no hay obligación de decir la verdad.
El principal indicio contra Casanova Rangel es que consta como administradora de una sociedad, de actividad desconocida, llamada Cocuiza, constituida en 2012 y que meses después recibió como una ampliación de capital 800.000 euros de procedencia desconocida y que se sospecha pudiera provenir de la petrolera venezolana PDVSA, informaron fuentes jurídicas.
Ante esta petición del fiscal, la juez de la Audiencia Nacional española María Tardón acordó suspender la declaración y pidió al fiscal anticorrupción que emita un informe con los indicios que llevan a pedir su citación como investigada.
Hoy también había sido llamado a declarar como investigado (imputado) el presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, si bien ayer avisó de que no comparecería porque no podía viajar a España, al estar buscado por EE.UU, y ofreció a la juez declarar por videoconferencia desde Venezuela.
La juez, tras conocer la opinión de las partes, en unos días decidirá si accede a tomarle declaración por esa vía, según las fuentes consultadas.
En el marco de esta causa, Gorrín tiene ya embargadas dos viviendas en Madrid desde agosto de 2019, recordaron las fuentes.
El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos exviceministros, el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa y el de Energía Nervis Villalobos.
Gorrín está acusado por la Justicia estadounidense de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos y, desde noviembre de 2019, forma parte de una lista de los más buscados por corrupción. EFE