El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó mediante el decreto presidencial N° 2.248 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) y puso a la disposición 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales con el objetivo de generar una fuente de ingreso distinta a la del petróleo para fomentar el crecimiento del país.
Por Carlos Guerra / correodelcaroni.com
No obstante, la realidad actual del sur del estado Bolívar evidencia las falsas promesas y el discurso vacío del gobierno ante la supuesta planificación estratégica que representaba el AMO para dar un salto financiero ante la inminente llegada de una crisis económica.
El Arco Minero del Orinoco constituye el 12,2% del territorio nacional y se encuentra al margen del río Orinoco, principal fuente de agua del país. También, en esta zona habitan comunidades indígenas y posee una gran biodiversidad.
Por otra parte, es foco de grandes minas de minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, entre otros. Estas son fuentes económicas bastante llamativas para el Estado, quienes autorizaron su extracción y comercialización a todo dar ignorando dos fundamentos elementales planteados en la Constitución.
El artículo 129 de la Carta Magna establece que es una obligación realizar un estudio ambiental y sociocultural en las actividades que puedan causar graves daños al ecosistema. A este se le suma el artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.
Pero en el Arco Minero del Orinoco reina la violencia impuesta por los grupos armados que controlan las minas a plena vista de los cuerpos de seguridad del Estado. Además, la explotación a todo dar sin el equipamiento correspondiente ni con la tecnología necesaria, representa un impacto fatal para el medio ambiente y pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a las comunidades originarias que habitan en la zona.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su último informe indicó: “seguimos registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco”.
La fuente de empleo que se pretendía construir con el AMO, terminó convirtiéndose en una gran ola migratoria proveniente del interior del país con esperanza de generar ingresos, expandiendo la minería ilegal y transformándolos en participes de los sindicatos, patrones de la violencia.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó en la investigación Fosas del Silencio: los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado, 107 personas fallecidas en el contexto minero entre enero y septiembre de 2019.
El especialista en gestión social del ambiente y coordinador de Clima 21- Ambiente y Derechos Humanos, Alejando Álvarez, desnudó la farsa que acabó siendo el proyecto gubernamental del Arco Minero del Orinoco en su artículo Cuatro años del Arco Minero del Orinoco: preguntas pasadas, respuestas presentes y acciones futuras a través de inquietudes lógicas que surgieron cuando su anunció el plan en 2016.
Álvarez señala que el balance de los costos reales de esta operación es muy desfavorable. Se traducen en daños ambientales por la destrucción de cuencas, bosques y efectos de la contaminación; en daños sociales y culturales por la violación de derechos humanos y la destrucción de las comunidades indígenas; y en daños económicos por la corrupción que hay detrás del extractivismo.
Para el régimen de Nicolás Maduro, el AMO representa una alternativa económica para el sustento de su régimen, por lo que tener su control es fundamental. Pero la realidad habla por sí sola: ilegalidad, destrucción y muerte es lo que se puede encontrar en el Arco Minero del Orinoco.