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El presidente de Colombia, Iván Duque, abogó este miércoles por extender hasta 2022 la misión de Naciones Unidas en Colombia que vigila el cumplimiento del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, que fue renovada por el organismo internacional hasta este año.
“El deseo de nuestro gobierno es que la misión de observación nos acompañe durante todo nuestro periodo de gobierno, hasta agosto del año 2022”, dijo el mandatario en la presidencial Casa de Nariño.
El mandatario conservador, que llegó al poder en agosto de 2018 con la promesa de modificar el histórico pacto que supuso el fin de medio siglo de conflicto armado, hizo el pedido tras reunirse con el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massieu, en la sede de gobierno en Bogotá.
Queremos que la misión “haga parte de esa valoración de una implementación de una política de paz con legalidad”, agregó Duque.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en septiembre extender hasta finales de 2020 el mandato de la misión, cuya creación fue aprobada en 2017.
Apoyado por la extrema derecha, el jefe de Estado considera que el acuerdo suscrito en 2016 por el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos es blando con los rebeldes, ahora transformados en partido político.
El ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y opositores critican a Duque por lo que consideran incumplimientos estatales al pacto, que condujo al desarme de 7.000 combatientes.
Aunque alertó de “avances muy importantes” en el cumplimiento del acuerdo, Ruiz Massieu alertó de “grandes desafíos” a corto y largo plazo.
Entre ellos mencionó garantizar la seguridad de los exguerrilleros, líderes sociales y defensores de derechos humanos, atacados por grupos armados que se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
“Este es un proceso de largo aliento (…) Ha avanzado de manera importante” desde que Duque asumió el poder “y seguramente nuevas administraciones tendrán que seguir implementando”, señaló el diplomático.
Aunque la disolución de las FARC alivió la violencia política, aún persisten grupos armados que desafían al Estado en alejados puntos del país, gracias a los recursos del tráfico de drogas, principalmente.
Excombatientes y líderes sociales son vistos en muchos casos como enemigos por esas organizaciones, que buscan expandir los narcocultivos que son base de la cocaína o asumir el control territorial, de acuerdo con investigaciones locales.
Según la ONU, el año pasado fueron asesinados 77 excombatientes, la cifra más alta desde que se firmó el acuerdo. En tanto, desde que se rubricó la paz, en noviembre de 2016, ha habido al menos 303 asesinatos de líderes sociales.
AFP