Presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución. (Foto: Nota de prensa)
Consideramos que el decreto número 3.990 contiene elementos afectativos del derecho de propiedad y de la privacidad de los ciudadanos, razón por la cual solicitaremos su derogatoria ante el Tribunal Superior de Justicia.
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No se justifica la aplicación de este decreto cuyo objetivo final, es tener un control sobre las viviendas e inmuebles existentes en el país, cuando se lee el decreto se establecen una serie de considerándoos que no tienen nada que ver con el objetivo final de hacer un censo de población y vivienda.
Actualmente son los municipios quienes llevan el control de las propiedades inmobiliarias existentes en ellos, lo cual es un medio para recaudar los impuestos municipales provenientes de los derechos de frente y aseo urbano.
Este decreto corrobora los anuncios realizados por voceros públicos en distintas comunidades del país, donde dicen que las viviendas desocupadas serán adjudicadas a los que la necesitan, con lo cual han creado angustias y preocupaciones en los propietarios de estos inmuebles.
Existe razón en la desconfianza de este decreto y sus objetivos ya que existe la experiencia de las invasiones y tomas de propiedades privadas realizadas en los últimos 20 años. Si recordamos el censo de fincas, hatos y haciendas realizado en el 2004, el cual condujo a la mayor ocupación masiva de estos medios de producción, están a la vista los procedimientos efectuados y sus resultados.
Vicente Brito
Presidente Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.