Desde 2007 se llama Centro de Reclusión de Privados de Libertad Boleíta, pero todos lo siguen llamando Zona 7 de Petare. Es un depósito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) convertido en un sitio de reclusión o cárcel, en Caracas. En ese sitio varias veces han ocurrido hechos escabrosos, que no han sido fotografiados por la reserva que se mantiene sobre la información de lo que ocurre en ese lugar.
Por Sebastiana Barráez / Infobae
En las fotografías exclusivas que anexamos observarán que lo que caracteriza a ese lugar es el hacinamiento, las enfermedades, el abandono de personas convertidas en despojos humanos, en un sitio que tiene capacidad para 250 personas y hay casi 1.000.
En algunas áreas, hay capacidad para 20 personas, pero hay 80 presos. “Hasta un mes durmiendo de pie porque no hay espacio dónde recostarse, hasta que se abre un huequito donde tirarse”, confiesa uno de los detenidos.
Gran cantidad de los detenidos tiene problemas en las piernas, con claras señales de morados o moretones, unas especies de manchas o protuberancias, porque la mayoría sufre de mala circulación sanguínea, producto de la ausencia de condiciones mínimas para descansar y mucho menos dormir.
También prolifera la sarna o escabiosis, porque además de ser muy contagiosa a causa de los pequeños ácaros llamados Sarcoptes scabiei, que no solo producen picazón intensa, sino que se esparce rápidamente a través del contacto físico cercano, lo que se agrava con el hacinamiento que hay en el lugar. Se ha extendido entre la población penal porque no reciben atención médica y no les suministran medicamentos ni para tratarla ni para eliminarla.
Ese lugar, llamado Zona 7, no es apto para mantener a privados de libertad; los detenidos ahí son tratados peor que animales en estado de abandono. No hay diligencia alguna por parte del ministerio del poder popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a cargo del general Néstor Luis Reverol Torres, para atender a esos centros de reclusión preventiva de la PNB, ubicados, además de Zona 7 en La Yaguara, El Valle y San Agustín, que son las sedes principales del Distrito Capital.
No es Zona 7 la excepción. “Han muerto más de 200 privados de libertad por esta situación y los procedimientos inadecuados que se le implementa a los privados en esos sitios no aptos”.
Es tan aberrante que hay detenidos que están ahí desde hace tres o cuatro años, cuando esas comandancias y comandos no tienen condiciones para eso.
De nada ha servido la denuncia sobre la cantidad de hechos irregulares que suceden ahí, entre ellos familiares que denunciaron el cobro de vacunas por parte de los custodios que son funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Todo se paga, incluso la visita.
El familiar de uno de los detenidos le dijo en junio pasado a periodistas de Caraota Digital que “cuando llegan (los detenidos) los meten en un calabozo conocido como Inframundo. Allí sobreviven más de 100 presos en un espacio establecido para 20. Deben dormir de pie y hacer sus necesidades en el mismo sitio. Para poder salir de ahí a una celda menos insana, el monto a pagar es 150 dólares”.
En 2018, “el cobro de ‘vacunas’ en centros de detención también fue denunciado el 15 de febrero, durante la presentación del informe de la organización Una Ventana a la Libertad, ONG que también señaló que el año pasado murieron 65 personas en centro de detención preventiva, además de registrar hacinamiento de 250% en 193 recintos carcelarios”, reseñó Saylim Castro de Crónicauno.
Un detenido en Zona 7, llamado Marlon Jesús Maíz de 20 años, murió en los primeros días de abril luego de que, al parecer, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le habría propinado varios golpes abriéndole una herida en la cabeza.
Según la periodista Lysaura Fuentes, un familiar del joven le dijo que “tenía gusanos en la cabeza por la falta de atención. Nosotros les pedimos que nos dejaran ingresar para curarlo, pero no dejaban, luego lo trasladaron hasta el hospital Lídice. Sin embargo, falleció por las severas lesiones que tenía”.
