Más de 80% de la población depende, en parte, de los alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), según revelan encuestas recientes; sin embargo, su adquisición se «ha convertido en una tarea más titánica», según la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela.
El más reciente informe sobre este programa social preparado por el Observatorio de Programas Sociales de la institución, cuyo trabajo se basa en denuncias concretas de los beneficiarios sostiene que la distribución de alimentos por los CLAP tiene ocho grandes fallas:
– Retraso en la entrega de los alimentos.
– Discrecionalidad a la hora de realizar los censos.
– Aprovechamiento indebido de los productos.
– Agresiones físicas o amenazas a la integridad.
– Control social.
– Alimentos en mal estado.
– Ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control.
– Discrecionalidad en el pago.
En el primer trimestre del año la ONG procesó 91 denuncias certificadas de fallas graves del sistema CLAP. Se presume que existe un elevado nivel de sub registro de las fallas, porque en la población beneficiada priva el temor a las represalias, especialmente a no recibir lo que poco que le llega.
«El retraso en la entrega de los productos subsidiados sigue siendo el principal reclamo de los ciudadanos». Según declaran, la bolsa o caja CLAP tarda entre cuatro y siete meses en llegar, especialmente en las comunidades más necesitadas del interior del país, «pese a que la promesa del Gobierno es la entrega de la caja cada 21 días».
Banca y Negocios, por su parte, recogió cinco testimonios de trabajadores públicos de distintos organismos, quienes indicaron que las bolsas llegan regularmente cada 30 o 45 días, de manera que el programa parece privilegiar a los empleados públicos.
El reporte de Transparencia Venezuela apunta que «el tiempo mínimo registrado de retraso es dos meses, pero algunas familias han tenido que esperar hasta un año para adquirir los productos subsidiados«.
Además, la ONG registró casos de discrecionalidad en el registro de beneficiados y presunto aprovechamiento indebido de los productos, ya que registró entregas de cajas «abiertas e incompletas» en diferentes estados del país.