El 21 de enero, el sargento mayor de la Guardia Nacional, Luis Bandres Figueroa, comandó la sublevación en Cotiza, al noroeste de Caracas, contra el régimen de Nicolás Maduro. Ese día, él junto con un grupo de 24 uniformados se entregaron a las autoridades, después de que las fuerzas de seguridad del régimen amenazaran con matarlos, y ahora se encuentran presos en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en las afueras de la capital. Así lo reseña abc.es
Su esposa, Sandra Hernández, recibió a ABC para explicar las condiciones en las que se encuentra Bandres Figueroa y cómo han sido sus días en prisión, las torturas a las que ha sido sometido, y cómo desde la celda mantiene su lucha y su esperanza por la libertad de su país. Su mujer contó que el 21 de enero, Bandres «hizo un llamado a la población tanto militar como civil para derrotar a Maduro y pidió a sus compañeros de armas para que lo ayudaran a restablecer el hilo constitucional».
«Bandres manifiesta que estuvo ahí en ese comando (Cotiza) haciendo el llamado a la Fuerza Armada. Él lo hizo porque aunque seas militar, no escapas de la realidad del país. También hemos padecido de la falta de alimentos, de medicina, las malas condiciones hospitalarias», afirmó Hernández.
La esposa del sargento ha dicho que él llevaba tiempo trabajando en operaciones que sirvieron para prepararse para el día de la sublevación. A Bandres lo apoyaron otros 24 funcionarios que están con él en Ramo Verde. Explicó que ellos se entregaron para asumir la responsabilidad de toda la operación que nació dos días antes de que Juan Guaidó, jurara ante la Constitución de Venezuela ser el presidente interino.
No ha escapado de las torturas
Hoy Bandres está en Ramo Verde, pero antes de llegar ahí, estuvo 15 días en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lugar donde se cometen torturas y tratos crueles a los presos políticos, y en donde el mes pasado murió Rafael Acosta, capitán de Corbeta de la Armada venezolana mientras era torturado tras ser acusado de conspirar contra la vida de Maduro. «Pero en Ramo Verde no escapa (Bandres) de la tortura. Aunque no lo golpean, lo aíslan, lo castigan», afirma la mujer.
En Ramo Verde, narra Hernández, estuvo cinco días sin recibir ningún tipo de alimento y dos días sin tomar agua. «Cuando estaba en estado crítico de deshidratación le permitieron pasar una garrafa (bidón) de agua. Las visitas se la suspendieron por 15 días. Y luego quedó aislado junto con los sargentos Martínez Natera y Camacaro», también presos políticos y compañeros de lucha.
La tortura psicológica es una realidad para el sargento Bandres, y su esposa ha sido testigo de ese castigo. «Los dejan en una celda a oscuras. Duermen en el piso, sin sábanas, sin colchón. La tortura también es con la visita, con el familiar. Yo fui obligada a firmar una caución en la que me pedían no hacer ningún reclamo y me privaron de mis derechos a poner alguna denuncia o pedir alguna explicación. Y si me hacen firmar otra caución me suspenden la visita por tres meses», aseguró.
«Seguiremos haciendo sacrificios por nuestra libertad»
Sus dos hijos han visto todas las vejaciones a su madre. «A la hora de entrar, me desnudan, me revisan todo. Incluso, cuando paso al cuarto de requisa, yo tengo que pasar con los niños. Ellos están presente mientras a mí me están revisando». En esa revisión, los custodios no le dirigen la palabra, todo lo que hacen, lo hacen en silencio y recibiendo órdenes. Sin embargo en lo que tienen oportunidad, «nos dicen que no están de acuerdo pero no pueden hacer más».
La familia Bandres Hernández está desmembrada. Los hijos de la pareja (un niño de 11 y una niña de 8 años) están con otros familiares fuera de Caracas. Bandres solo tiene a su esposa quien lo visita, le lleva comida, y le hace saber que no está solo. No tiene permitido que otro familiar lo vea. «Para mí ha sido muy difícil, porque he tenido que separarme de mis hijos, tengo que conseguir y llevar la comida (a Ramo Verde), pero siempre digo que si a nosotros nos toca hacer el sacrificio para que este país despierte y salga adelante, y salgamos a luchar por nuestra libertad que tanto merecemos, lo seguiremos haciendo. No importa cuánto más nos toque sufrir, si el resultado va a ser efectivo y pronto».
Hernández tuvo la oportunidad, y dice «ser afortunada», de narrar ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la situación de su esposo, y la de otros militares que son presos políticos del régimen chavista. El encuentro se dio cuando Bachelet visitó Venezuela el mes pasado para evaluar y ser testigo de la dramática crisis que vive el país sudamericano.
De frente a Bachelet
«Le entregué una carpeta con todo el caso de los guardias de Cotiza, una carta y un mensaje. Cuando se la entrego pude notar que ella estaba afectada, que estaba llorando, y me dice en voz muy baja que me quedara tranquila, que ella iba a hacer lo posible por ayudarnos».
A Sandra le sorprendió el informe «tan contundente» que elaboró y publicó la Alta Comisionada. «Ella nos dijo «no crean que están con alguien que no sabe lo que están viviendo. Yo también fui torturada, mis padres fueron presos políticos y fueron también torturados”. Hernández también pudo reunirse en marzo con el equipo de la ONU enviado por Bachelet a Venezuela.
El informe de 18 páginas, detalla las violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y las torturas con «la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas».
El documento señala como responsables de estas prácticas inhumanas al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
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