El mes de mayo de 2019 cerró con un saldo de 114 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión, afectando a un total de 60 víctimas, en su mayoría periodistas (29), medios de comunicación (13) y portales y plataformas web (6) bloqueadas especialmente en momentos donde el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó realiza actividades de calle o discursos públicos. Los principales responsables de las vulneraciones al derecho siguen siendo los cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios públicos.
El inicio del mes estuvo marcado por los 12 casos de violaciones a la libertad de expresión ocurridos el 1ro de mayo, día en el que el Presidente de la AN convocó a una jornada de protestas de calle, el patrón de violación que destacó fue el ataque a periodistas en cobertura. Heridas de perdigón, robos y agresiones físicas a manos de efectivos de orden públicos fueron los casos más comunes que se contabilizaron ese día.
¡Jornada difícil!
Actualmente en Venezuela la función informativa supone riesgos físicos para periodistas y reporteros gráficos. No es normal que en la labor de buscar y difundir información, los trabajadores de la prensa resulten insultados o heridos como pasó el miércoles 1ero de mayo en varias zonas del país.
Altamira fue el centro de las manifestaciones en Caracas, en esta zona efectivos de seguridad del Estado dispararon contra periodistas que realizaban la cobertura en el Distribuidor. El periodista Mauricio Cruz informó a través de su cuenta en Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana estaba disparando contra él y sus compañeros.
periodista Gregory Jaimes, de Venezolanos por la Información (VPITV), resultó herido de perdigón mientras cubría enfrentamiento entre grupos civiles y armados. Jaimes fue herido en el lado izquierdo del rostro, en su dedo izquierdo y en el brazo derecho. De la misma forma, el reportero gráfico Jhon Q fue retenido, pateado y posteriormente herido en su brazo izquierdo por un efectivo de seguridad.
No fue solo en Caracas, en el estado Carabobo, la periodista del portal digital El Pitazo, Ruth Lara Castillo, fue hostigada y empujada por un funcionario de la Policía de Carabobo (PoliCarabobo), mientras se encontraba en las cercanías de la parroquia San Blas en Valencia haciendo cobertura de las manifestaciones en la entidad.
El funcionario quien estuvo durante todo el tiempo con el rostro cubierto, hostigó al resto de los periodistas, calificándolos como “ratas” y culpándolos de ser “los primeros que quieren muertos” en el país. También aseguró que los periodistas “deben ir presos” por ser cómplices de la rebelión.
En la capital del estado Lara, efectivos de seguridad dispararon una bomba lacrimógena contra José Daniel Sequera, reportero gráfico de La Prensa de Lara, mientras cubría enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios de la GNB en Barquisimeto.
El periodista independiente Yorvin García fue agredido por un grupo de personas que se identificaron como simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro. García tenía puesto un chaleco identificado como «prensa» cuando hacía cobertura de la manifestación en la Av. Venezuela en Barquisimeto; en medio de la represión que funcionarios policiales y civiles armados aplicaban contra los manifestantes, García se resguardó en la vivienda de unos vecinos de la Avenida Carabobo.
Sin acceso a la Asamblea Nacional
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el ingreso de la prensa a la sede de la Asamblea Nacional durante todo el mes, privando a los venezolanos la posibilidad de presenciar el debate realizado en las sesiones ordinarias del día 7, 14, 15 y 21 de mayo. La restricción estuvo a cargo del mayor general de la GNB Leonardo César Malaguera Hernández, quien semana a semana dispuso un operativo de seguridad que negó la entrada de los medios al hemiciclo.
El 30 de mayo se intentó entregar una carta suscrita por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la organización no gubernamental Espacio Público al mayor general Malaguera Hernández, donde se le exige el respeto al ejercicio periodístico dentro de la AN. La carta no fue recibida en un primer y segundo intento y a pesar de la insistencia de los representantes de las organizaciones Malaguera no respondió a diversos intentos para que recibiera el documento.
Durante las cuatro semanas de mayo las afueras del palacio estuvieron rodeadas por grupos de civiles afectos al Gobierno nacional, quienes hostigaban y gritaban todo tipo de insultos hacia los periodistas y medios que intentaban ingresar a la sede legislativa después del fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril que lideró Juan Guaidó.
Continúa la censura
Durante mayo, el bloqueo informativo no permitió que los canales de señal abierta Televen, Globovisión, Venevisión y TVes transmitieran información sobre lo ocurrido en las calles venezolanas, lo mismo sucedió con las principales emisoras de radio, sumando incluso restricciones del servicio de telefonía móvil y fija provisto por la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), que en ocasiones impedía a los ciudadanos conectarse a internet a través de ABA y acceder a Twitter, Facebook, Instagram y la plataforma de videos YouTube por donde los canales de tv digital realizan transmisiones en vivo.
El acceso a internet continuó restringido para los usuarios del principal proveedor de servicios, la estatal Cantv, quien mantuvo bloqueado el acceso a YouTube durante las alocuciones de Guaidó, sesiones ordinarias de la AN y cualquier otro evento vinculado con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Es una constante que la estatal proveedora de servicios de internet Cantv, bloquee el acceso a las plataformas de videos por donde canales de televisión digital, periodistas y diputados hacen la transmisión de la coyuntura actual que vive el país.
No solo son bloqueos, la labor informativa se ve limitada cuando portales informativos como Runrun.es, sufren ataques cibernéticos. El pasado 25 de mayo, Runrun.es sufrió un ataque que mantuvo bloqueado el acceso a la página privando a los ciudadanos de acceder a la información allí publicada. Se trató de un ataque de denegación de servicios (DoS) realizado luego de que publicaran un trabajo de investigación sobre el desempeño de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB) en Caracas.
Sobre los detalles del ataque, el director del sitio web, Nelson Eduardo Bocaranda informó a Espacio Público “sufrimos un ataque DOS mediante un post attack en WordPress. El contenido que atacaban era una nota original que hacemos con el levantamiento de datos en las morgues y entrevistas en comunidades de las víctimas y con familiares”.
¡Intimidación a la orden!
Acceso a edificios o espacios públicos negados, libertad de desplazamiento impedida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, retenciones y detenciones sin orden judicial, amenazas de funcionarios con la aplicación de sanciones a través de algún organismo gubernamental o el común asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas, son algunas de las limitaciones a las que se ven expuestos los periodistas y medios de comunicación en Venezuela. En mayo se registraron 20 casos, entre los que destacan:
Un efectivo de la Policía de Caracas (PoliCaracas) hostigó al fotoperiodista del portal de noticias Crónica Uno, Gleybert Asencio, mientras cubría protesta de familiares y pacientes en el Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas el 29 de mayo. Asencio informó que el funcionario le indicó debía tomar los datos de los periodistas que estaban realizando la cobertura de la protesta. Luego del periodista negarse y cuestionar para qué querían los datos el funcionario le indicó que no habrá represalias.
En el estado Bolívar, la periodista de la agencia AFP, Pableysa Ostos, fue intimidada por un funcionario de seguridad el 17 de mayo mientras hacía cobertura de los efectos de la escasez de gasolina que se ha generado en todo el país, con énfasis en los estados del interior.
Ostos se dirigió hasta una estación de servicio cerca del Centro Comercial Biblo’s, en Puerto Ordaz, cuando el efectivo militar le ordenó retirarse del lugar porque no podía grabar, entrevistar, ni tomar fotografías. La periodista cuestionó al funcionario sobre el porqué no podía realizar el trabajo si en otras estaciones de servicio lo había hecho sin problemas.
Cuando se disponía a marcharse del lugar, un usuario que estaba haciendo la cola para surtir su tanque, le expresó que quería hacer una denuncia con respecto a la situación. Ostos le instala el micrófono y el efectivo de seguridad le arrebató el instrumento al ciudadano, alegando que si deseaba declarar debía hacerlo fuera de las instalaciones.
La actuación violenta de los cuerpos de seguridad es una constante también en Táchira, los reporteros Freddy Villamizar de Noticias TRT y Manuel Cardozo de Ecos del Torbes, fueron agredidos con bombas lacrimógenas por funcionarios de la Policía del Táchira, mientras hacían cobertura por retención de una gandola de gasolina en la avenida Libertador de San Cristóbal.
Cardozo, en entrevista a Espacio Público, informó que tanto él como Villamizar y otro reportero que pidió no revelar su nombre, llegaron hasta el lugar porque varios ciudadanos estaban en cola esperando por el combustible, cuya crisis se ha acentuado en toda Venezuela, específicamente en el interior del país. Detalló que los efectivos de seguridad se presentaron en el sitio lanzando gases y perdigones y algunas esquirlas alcanzaron a los reporteros sin causar daños mayores.
En el estado Portuguesa, la reportera del canal Venezolanos por la Información (Vpitv), Mariángel Moro, fue apuntada junto a su camarógrafo por funcionarios policiales con armas de fuego, mientras cubría una situación de heridos y muertos que fueron ingresados al Hospital Jesús María Casal tras motín en los calabozos de la Policía del municipio Páez en Acarigua. Tanto Moro como su camarógrafo fueron amedrentados hasta que tuvieron que retirarse del lugar no sin antes borrar el material que anteriormente habían grabado.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el cierre de Radio Caracas Radio-750 AM y manifestó su profunda preocupación por los permanentes mecanismos de censura impuestos en Venezuela a medios tradicionales, señales de televisión por suscripción, bloqueos de plataformas, redes sociales y restricciones en el acceso a internet. En el marco de las protestas iniciadas a partir del 30 de abril en Venezuela, en la que las autoridades estatales también intensificaron las agresiones, detenciones y expulsión de corresponsales extranjeros.
La Relatoría recordó que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
En este sentido, la Relatoría Especial hizo un llamado urgente a las autoridades con el fin de que se reestablezca la transmisión de la emisora Radio Caracas Radio y de los canales de televisión retirados del aire y cesen las medidas de censura contra los medios de comunicación en Venezuela. Asimismo, instó al Gobierno a abstenerse de bloquear y restringir el acceso a sitios web y redes sociales, y a proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas manifestantes y de los comunicadores de prensa que cubren dichas manifestaciones. Finalmente, la relatoría exhortó al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las labores de los comunicadores sociales de manera libre e independiente, así como para garantizar el derecho de acceso a la información de la población venezolana. (Espacio Público)