La justicia sueca se pronuncia este lunes sobre una posible detención “en ausencia” del fundador de WikiLeaks Julian Assange, acusado de una violación que habría cometido presuntamente en Suecia en 2010 y detenido en Londres, un preludio a la emisión de una orden de detención europea.
La audiencia en el tribunal de Upsala (este), en presencia de los abogados de la defensa y de la parte civil se inició hacia las 08h00 GMT y se prolongó tres horas. Luego el tribunal se retiró a deliberar y una decisiuón era esperada por la tarde.
El dictamen de los jueces será una etapa importante, pues si se acepta la detención, la fiscalía señaló que emitirá una orden europea de arresto para que Assange sea extraditado a Suecia desde Reino Unido, donde se encuentra encarcelado.
La fiscal encargada de la instrucción, Eva-Marie Persson, anunció a mediados de mayo la reapertura de la investigación por violación contra Julian Assange, de 47 años, tras su detención en Londres el 11 de abril.
Una semana después, la fiscalía solicitó la detención en ausencia, un mecanismo del sistema legal sueco, “debido a las sospechas de violación”.
“El objetivo de la detención es permitir la conclusión de la investigación y llevar a Julian Assange ante la justicia”, dijo este lunes Persson ante la corte.
El arresto de Assange en Reino Unido y la reapertura de la investigación en Suecia reavivó las esperanzas de la demandante y de su abogada de que el fundador de WikiLeaks fuera entregado para un juicio antes de la prescripción del caso, en agosto de 2020.
La demandante, que en el momento de los hechos estaba en la treintena, acusa al australiano de haber mantenido relaciones sexuales mientras ella dormía y sin preservativo, a pesar de que ella había rechazado toda relación sin protección en varias ocasiones.
Assange niega los hechos y mantiene que ella consintió las relaciones y aceptó no utilizar preservativo. En aquella época ya era blanco de otra investigación por agresión sexual, pero esta prescribió en 2015.
– “Tortura psicológica” –
La reapertura de la investigación sueca sobre Assange relanza también un proceso judicial que se prolonga desde hace casi una década, durante la cual el australiano y sus simpatizantes no dejaron de denunciar una maniobra destinada a permitir su extradición a Estados Unidos.
El país norteamericano reprocha a Assange haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes cuando WikiLeaks publicó en 2010 más de 250.000 cables diplomáticos y alrededor de 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. También lo acusan de “complot” con la exanalista militar Chelsea Manning, en el origen de esta fuga sin precedentes.
La justicia estadounidense acusó a Julian Assange el 23 de mayo en virtud de la legislación antiespionaje.
Oficialmente, el australiano se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Ante su ausencia y la imposibilidad de que la investigación avanzara, la justicia sueca abandonó sus pesquisas en mayo de 2017.
Pero después de que Estados Unidos emitiera una solicitud de extradición, Assange fue entregado el 11 de abril a las autoridades británicas, que lo encarcelaron inmediatamente y, el 1 de mayo, lo condenaron a una pena de 50 semanas de prisión por violación de las condiciones de su libertad provisional.
Según la fiscal Persson, “en la eventualidad de un conflicto entre la orden europea de detención y una demanda de extradición de parte de Estados Unidos, las autoridades británicas decidirán el orden de prioridad. Es imposible predecir el resultado de este proceso”.
La audiencia de extradición reclamada por Estados Unidos estaba prevista el jueves, pero se pospuso hasta la semana del 12 de junio, ya que los abogados de Julian Assange aseguraron que tenía problemas de salud.
Un relator de la ONU afirmó el viernes que Julian Assange presentaba “todos los síntomas [de] tortura psicológica”, a la que estuvo expuesto “durante varios años”.
Según el relator, Nils Melzer, si el australiano llegara a ser extraditado a Estados Unidos, “se expondría a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluidos su libertad de expresión y su derecho a un juicio justo”